Segundo intento

A LA COMISIÓN FEDERAL DE ÉTICA Y GARANTÍAS:

CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRÍNCIPE, de las circunstancias personales que constan en el expediente JRF/JP 14/2014, con domicilio, a efectos de notificaciones, en Vigo, calle , número , piso comparece y EXPONE:
Que se le ha notificado la Resolución de fecha 23 de diciembre de 2.014, adoptada en el Expediente de referencia en la que, en aplicación del Artículo 46 y de los arts. 49 y 50 del Reglamento de Afiliados, se resuelve la Expulsión del Partido.
Que con posterioridad a la notificación de la Resolución, se le ha remitido por correo electrónico copia íntegra del expediente, y a la vista de su contenido, por medio del presente escrito, formula RECURSO contra la Resolución antes indicada (Artículo 70), ante esa Comisión, conforme a las siguientes:
ALEGACIONES:

I.- La democratización interna de los partidos políticos es un requisito ineludible para un correcto funcionamiento de nuestro sistema político. No sólo porque lo diga el art. 6 de la Constitución, sino porque, en caso contrario, se corre el riesgo de que el ciudadano se desen-cante definitivamente del instrumento “partido” y no tengamos modelos alternativos, al me-nos, en sentido democrático.
A pesar del recurrente comentario sobre la crisis de los partidos, siguen constituyendo el mecanismo asociativo más adecuado para canalizar la pluralidad política de la sociedad y para estructurar democráticamente los órganos de poder político del Estado.
De aquí la necesidad de seguir profundizando en la democratización interna de los partidos y en la plena vigencia en el interior de los mismos de los derechos constitucionales de sus afiliados, ya que constituyen el momento inicial del proceso de participación política democrática.
Esta necesidad de democracia interna ha estado presente desde la aparición de los partidos de masas pero la burocratización en los partidos se ha ido consolidando durante el siglo XX, y en la actualidad el mero afiliado ha pasado a un segundo plano frente a los cargos públicos (muy numerosos en los grandes partidos) y a la actividad mediática de los dirigentes frente a la antigua militancia basada en el compromiso cotidiano.
Los partidos cada vez están más alejados de la sociedad, con sus mecanismos internos de acceso no precisamente democráticos, llegando a la cúspide sólo personas que han pasado toda la vida en el partido, con la socialización política adecuada para ascender en la burocracia partidaria, pero sin experiencia directa de lo que ocurre fuera.
Probablemente los partidos no lleguen nunca a una democratización completa, pero siempre hay que propugnar esa meta y garantizar en su interior el ejercicio de derechos constitucionales por sus afiliados.
La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, supuso un avance mí-nimo con respecto a la Ley 54/1978 y un desarrollo, muy limitado, de lo dispuesto en el art. 6 CE .
Un elemento inevitable en todo partido con un mínimo de estructuración y militancia es la formación de diferentes corrientes o tendencias de opinión en las que se agrupan afiliados que, compartiendo el ideario del partido, mantienen posturas comunes ante determinados temas fundamentales en el posicionamiento de la organización política.
Las corrientes de opinión, además de inevitables, contribuyen a la vitalidad del partido, reflejando su pluralidad interna. El riesgo es que eso dé lugar a la formación de auténticos partidos dentro del partido, lo que debe evitarse con una regulación interna dirigida a establecer la aceptación expresa de las decisiones finales de los órganos del partido.
Partiendo de lo anterior, hay que decir que si se predica de los partidos la democracia interna, como hace nuestro art. 6 CE, parece difícil evitar que grupos de afiliados se reúnan periódicamente, para opinar y para reforzar sus puntos de vista ante debates trascendentales que se produzcan en su organización.
Una actividad represiva hacia estas corrientes de opinión puede suponer un menoscabo de los derechos constitucionales de los afiliados (reunión, expresión).
La exigencia constitucional de un funcionamiento interno democrático (art. 6 CE ) y la financiación pública (LO 8/2007, de 2 de febrero, sobre financiación de los partidos políticos) debe conllevar la plena vigencia en el interior de los partidos políticos de los derechos fundamentales que componen el Estado democrático en España, es decir, de todos aquellos derechos y libertades del Título I que puedan ejercerse en el seno de un partido por directa imposición del art. 6 CE y no condicionados a su mero reflejo en la Ley que desarrolle el artículo constitucional o en los Estatutos del partido.
La LOPP obliga a los Estatutos de los partidos a “prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos” (art. 7.5).

II.- Los partidos políticos, al estar obligados constitucionalmente a tener una estructura interna y un funcionamiento democráticos y a permitir la plena vigencia de los derechos fundamentales en su seno, han de respetar, en el plano procedimental, los derechos constitucionales consagrados en los artículos 24 y 25 CE , ya que a pesar de que el TC los ha referido a los procedimientos judiciales (SSTC 26/1983, de 13 de abril, 197/1988, de 24 de octubre) y al Derecho sancionador (SSTC 69/1983, de 26 de julio, 96/1988, de 26 de mayo, 239/1988, de 14 de diciembre), respectivamente, nada impide su aplicación analógica en una organización que por mandato constitucional ha de ser democrática, como, por otra parte, ha admitido el TS incluso para las asociaciones comunes antes de la LODA y los tribunales inferiores han aplicado más recientemente a los partidos políticos.
Los Estatutos de los partidos, en aplicación del art. 24 CE, han de recoger con claridad, además de lo previsto en la LOPP, los derechos de los afiliados a aportar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a la presunción de inocencia, a la prohibición de la indefensión y a ser tramitado su expediente sancionador por un órgano imparcial interno predeterminado contra el que quepa recurso interno.
La adecuada regulación de la expulsión del partido, en sus formas y sus causas, es la garantía de cierre del estatuto jurídico del afiliado, porque asegura el presupuesto previo para el ejercicio de las demás garantías; es decir, la permanencia del individuo en el grupo.
La definición de los actos u omisiones que pueden dar lugar a las sanciones ha de ser clara y precisa, sin la utilización de términos que permitan la depuración ideológica del partido al margen de los cauces estatutarios, evitando términos que por su vaguedad constituyen lo que puede denominarse como leyes penales en blanco, es decir, expresiones que, por su carácter favorecedor de la discrecionalidad permiten resultados absolutamente opuestos como puede ser la ausencia de sanción a determinados cargos partidistas involucrados en negocios turbios (hasta que los medios de comunicación informan de los mismos a la opinión pública) o la imposición de sanción a discrepantes ideológicos con los que no se quiere correr el riesgo de un enfrentamiento político directo y se busca una “mala” conducta. Así no es nada precisa la definición de expresiones como las de faltar “al programa, a los acuerdos o resoluciones”, “deslealtad al Partido”, “actos de indisciplina”, etc.

III.- En un partido político, el control sobre la democracia interna corresponde, en pri-mer lugar, a la jurisdicción civil al ser un tipo de controversias entre particulares, conforme a lo dispuesto en el art. 9.2 LOPJ y por aplicación supletoria de la LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, en virtud del juego de las Disposiciones Finales Primera y Segunda de esta última ley.
La doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Su-premo, establece la no intromisión de los tribunales de justicia en los temas internos de los partidos políticos salvo que la privación de cualquier derecho o cualidad del afiliado como medida extrema sancionadora que se puede adoptar en cualquier movimiento asociativo debe revestirse de un mínimo de garantías y encontrar razonable fundamento en una causa estatutariamente prevista y no arbitrariamente aplicada.
El control jurisdiccional de las expulsiones “no consiste en que el Juez pueda entrar a valorar, con independencia del juicio que ya han realizado los órganos de la asociación, la conducta del socio, sino en comprobar si existió una base razonable para que los órganos de las asociaciones tomasen la correspondiente decisión” (STC 218/88).
El control jurisdiccional, menos intenso en los aspectos sustantivos que en los proce-dimentales, deberá ceñirse, pues, a determinar si la decisión carece de toda razonabilidad a la luz de las disposiciones legales y estatutarias aplicables.

IV.- El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, constitucionalizado en el artículo 24 de la Constitución Española y ejercitable en cualquier tipo de proceso e inseparable del derecho mismo a la defensa, es un derecho de configuración legal como afirman las sentencias 263/2012, de 25 de abril, y 485/2012, de 18 de julio, reiterando la 782/1007, de 10 de julio, y la 842/2010, de 22 de diciembre.
La jurisprudencia ha entendido que la aplicación de las garantías procedimentales ha de producirse en todo proceso disciplinario partidario, al margen de lo dispuesto en las Leyes y en los propios Estatutos del partido.
Así, ya desde 1982, la Audiencia Territorial de Madrid consideró que, al margen de lo dispuesto en las leyes y en los Estatutos, no cabe la expulsión de un militante sin darle audiencia, sin procedimiento alguno y, en definitiva, de plano, en contra de los principios más elementales que presiden todas las técnicas sancionadoras, tanto punitivas y administrativas como aquellas que se prevén en ordenamientos de régimen interno que circunstancialmente se publiquen recogidos en el art. 24 de la Constitución y en la sentencia de 8 de junio de 1981 del Tribunal Constitucional.
Por su parte, la sentencia de 18 de marzo de 1982 también de la Audiencia Territorial de Madrid señala que las resoluciones examinadas “carecen de los requisitos procedimentales y formales imprescindibles para otorgarles el valor de acto o declaración de voluntad con trascendencia jurídica por la quiebra absoluta de los más elementales condicionantes exigidos por el derecho sancionador•.
La expulsión de un partido debe reunir las mínimas condiciones formales exigidas por los estatutos, pues, en caso contrario, habría una simple apariencia externa de acuerdo, un no acto, carente de los requisitos de validez precisos.
El TS ha declarado nulos los expedientes disciplinarios realizados con infracción de las normas partidarias internas.
Como declara la STS de 12 de mayo de 1998 y también, la SAP de Madrid de 27 de mayo de 2003 (FD 3): “En este sentido no es que sea la Sala la encargada de valorar los cargos que se le imputan, que no es el caso ni la misión de la misma, es que la función de los Tribunales en estos casos es de determinar si en la resolución de los expedientes se han observados las mínimas garantías que permitan el derecho de defensa de una forma eficaz de los expedientados y es evidente que el mismo, junto con la presunción de inocencia se han vulnerado en las resoluciones, en ninguna de las cuales aparece por cierto un relato de hechos acreditados de los que pueda inferirse la existencia de infracción disciplinaria, sino que se dan por supuestos determinado hechos y sin consignar cuáles sean se acuerda la sanción de expulsión. En este sentido lo que parece latir en las resoluciones es que no es necesario dar a conocer a los expedientados los hechos que basan su sanción por cuanto los mismos les son conocidos, la realización de actos de contracampaña, y pueden defenderse de ellos”.
El sancionado ha de tener el derecho a conocer el motivo exacto de la acusación que se le imputa y ello no puede depender de la notoriedad externa de los hechos de que se le acusa.
La AP de Guadalajara dice que: “los principios que rigen el derecho penal son extra-polables por regla general al ámbito sancionatorio administrativo, entre cuyos principios se encuentra, como garantía del administrado, el acusatorio, el cual ha de entenderse en el sentido de que la sanción que haya de imponerse debe venir delimitada en su aspecto fáctico por lo recogido en el pliego de cargos, que, de esta forma, actúa a modo de calificación definitiva, con la misma instrumentalidad que ésta tiene en el juicio oral (STS 30-6-86), de parecido tenor, STS Sala de lo Contencioso-Administrativo Sec. 7ª 23-3-1998, que señala que es el pliego de cargos, en cuanto implica el ejercicio de una pretensión sancionadora, el equivalente a los escritos de calificación del proceso penal ordinario” (SAP de Guadalajara, n. º 6/2006, de 13 de enero, FD 6).

V.- NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO, POR FALTA DE APORTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA DE LOS HECHOS OBJETO DE LA SANCIÓN:
Existe un aforismo eterno del Derecho que dice: “Lo que no está en los autos no está en el mundo”.
Lo que está fuera del procedimiento no existe.
Ese viejo aforismo jurídico viene a significar que todo el contenido utilizado en una causa judicial, bien sea para acusar, defender o juzgar, debe encontrarse dentro de las propias actuaciones judiciales. Evidentemente, el mismo principio es aplicable a todos los procedi-mientos, en este caso a los expedientes disciplinarios.
Se ha de recordar que el expediente constituye una reproducción de unos hechos que no han tenido lugar ante la presencia del órgano que resuelve. Esta reconstrucción permite resolver según lo alegado y probado por las partes (“Secundum allegata et probata”).
La Resolución debe de abstenerse de introducir transcripciones que no tengan un exacto y cabal reflejo en medio de prueba unidos al expediente, de suerte que ha de considerarse, según la máxima citada, que “lo que no consta en los autos no está en el mundo”.
Lo cierto es que el expediente debe contener los datos necesarios para que, en base a ellos, Y SOLO A ELLOS, de adopten en su momento las resoluciones correspondientes, ya que no sería constitucionalmente admisible que estas se elaborasen haciendo referencia a pruebas o informaciones no incluidas en el expediente.
En el fondo, lo que pudiera interpretarse como un formalismo o una burocracia es, en realidad, una garantía para los ciudadanos.
Solo se puede resolver conforme a lo que conste en los autos, con las pruebas unidas al procedimiento.
Sorprendentemente en el expediente, o al menos en el que se ha remitido, no se ha unido ningún medio probatorio documental, limitándose a consignar en el Pliego de Cargos y en la Resolución recurrida, supuestas manifestaciones, cuya autenticidad carece de todo apoyo probatorio, ya que ni siquiera se han unido copia de los ejemplares de los periódicos en los que se dice se realizaron las manifestaciones objeto de sanción.
Tampoco se practicó como medio de prueba ninguna declaración.
En definitiva, el expediente disciplinario tramitado en virtud del cual se ha dictado la resolución que ahora se recurre se encuentra, por tanto, VACÍO de cualquier medio de prueba, por lo que en definitiva la resolución que es objeto de este recurso resulta legalmente nula al carecer de cualquier apoyo probatorio.
Por lo expuesto,
SOLICITA: Se tenga por formulado Recurso contra la Resolución objeto del mismo y, estimándolo, se deje ésta sin efecto, y se declare la nulidad del procedimiento por manifiesta indefensión al carecer el expediente de prueba lícitamente practicada en relación a lo hechos que son objeto de sanción.

Vigo, para Madrid, a 27 de enero de 2.015.