Me quedo con el original 3

En psiquiatría existe un fenómeno llamado déjà vu. Consiste en que un paciente cree que lo que le ocurre ya lo vivió con anterioridad.

Desgraciadamente, en el PSOE de Galicia pasa ahora exactamente lo mismo que ya sufrió en 1993. En aquel entonces, en medio de una batalla entre renovadores felipistas y guerristas a nivel de estado, se cruzaron las elecciones autonómicas gallegas a finales de ese año. El candidato a la presidencia de la Xunta era Antolín Sánchez Presedo, apuntado a la corriente renovadora. En frente, Paco Vázquez y de manzanillo a su lado en el campo guerrista, don Abel Caballero, empleado a tiempo parcial por Gayoso en Escuela de Negocios de Caixavigo. El “Sir” Paco Vázquez boicoteó la campaña del candidato Presedo. Aún recuerdo aquellas gradas del polideportivo de Riazor vacías y Paco diciéndome: “Carlos, es duro para Felipe ver hormigón.”. Se daba por sabido que el hormigón era fruto de la desmovilización que él, Abel y los guerristas estaban practicando a lo bruto. Pero lo mejor vino el día de la votación. Paco mandó su voto por su chófer con su DNI a su mesa electoral. Quedó patente que no sólo no votaba a su partido, sino que quería que se supiese.

Ahora en Vigo y Galicia asistimos al espectáculo de Abel y su troupe para boicotear al pobre Leiceaga. Una diferencia clave es que Abel no va a tener el coraje de demostrar públicamente que no va a votar a su partido, suprema traición. También en esto el original, Paco Vázquez es mejor que la mala copia, Abel Caballero.

Viguismo de mentira, viguistas de hojalata

Cada vez que oigo a los patriotas me acuerdo de aquella frase de un político inglés que afirmaba que los patriotas son canallas que ocultan sus delitos y mentiras detrás de las banderas. Pasen a internet y lean las declaraciones del señor Méndez Romeu, en los años 2006 y 2007, sobre la posible área metropolitana de Vigo y descubran, azorados como yo, que este individuo es el candidato que apoya el actual alcalde de Vigo, que miente cuando dice que pone a Vigo por encima de todo.

Este tal Méndez Romeu, de aquella conselleiro de presidencia de la Xunta, presidida por el inefable Touriño, dijo cosas como que el área metropolitana de Vigo tenía que ser conjunta con Pontevedra ciudad. Después pretendía crear un área metropolitana supeditada a la Xunta de Galicia que tendría el 40 por ciento de votos en su mano y con una presidencia rotatoria de cada alcalde, de tal modo que Vigo presidiría el área metropolitana cada 7 años, y solo seis meses. Dentro de su ignorancia y mala fe, llegó a mandar un texto que hablaba de consorcios metropolitanos y que no fijaba la capitalidad ni de los consorcios, no fuera a ser que Vigo tuviera protagonismo. Lean, lean la hemeroteca de los horrores antiviguistas de Méndez Romeu y ríanse porque este enemigo declarado de Vigo y el viguismo es el candidato que el señor Caballero quiere poner primero al frente del PSOE y después ser presidente de Galicia. “¡Joder que tropa!” decía Romanones. El viguismo de Abel, hijo adoptivo de A Coruña por revivir Alvedro, se manifiesta en intentar poner al frente de la Xunta a un señor que se quiere cargar el protagonismo y el área metropolitana de Vigo.

Los patriotas españoles tienen su dinero en Suiza y Panamá, los viguistas de Abel venden las aspiraciones de Vigo en el altar de las alianzas corruptas de los partidos. Otra mentira más al descubierto, otra careta que se cae, pero nadie en la prensa ni en los medios se atreven a recordar estas verdades. Es más, los pobres afiliados del PSOE de Vigo callan y tragan y los chicos y chicas del PP, Mareas, Podemos, Sindicatos, miran para otro lado. No se merece Vigo tan mala gente, pero es lo que hay, de momento.

La corrupción en común

Magnífico trabajo de la Justicia y las fuerzas de seguridad con la redada de 24 dirigentes del PP, que acaban de ser declarados como investigados. En Valencia es el PP, pero por lo que se va sabiendo, las trampas eran las mismas que en otro lugar, en la otra punta de la península. Césped de amigos en Valencia, hormigón donde trabajaba el concejal Rivas en Vigo. Contratos amañados en ambos sitios, orquestados en Valencia el PP y en Vigo por dirigentes del PSOE.

En Valencia la denuncia la hizo Esquerra Unida, en Vigo aparecen en los sumarios investigados del BNG y del PP, que en vez de hacer oposición hacían su agosto a costa de los ciudadanos y en el pleno municipal se callaban. En Vigo tuve que ser yo el que lo denunciase, primero dentro del PSOE y hasta que me expulsaron por ello, y después ante la fiscalía, aunque inicialmente uno de los fiscales, el señor Canoa, me intentó desanimar… . Más tarde, la plataforma ciudadana Xuntos se sumó a denunciar los tejemanejes y desfalcos de la banda de Caballero y otros en Vigo. Ni EU, ni AGE, ni Podemos.

Pero Vigo y Valencia son la demostración de que si dices la verdad y luchas por ella, se puede triunfar. Vigo y Valencia demuestran que los medios comprados ayudan a la mayoría absoluta pero no pueden ocultar siempre la corrupción. Vigo y Valencia demuestran que en en la Justicia y en la Policía hay gente honrada y sin miedo dispuestos a trabajar por defender la ley y la verdad. Vigo y Valencia demuestran que una persona sola, libre, sin miedo, puede derrotar organizaciones mafiosas que usan la corrupción en la política para sus intereses personales espúreos.

Caballero en el alero 3

Han tenido que ser la justicia y las denuncias de gente normal y decente, las responsables de desmontar un sistema corrupto basado en el clientelismo politico. Contratos mal adjudicados, presupuestos hinchados, obras hechas antes de la adjudicación, comisiones por favores de hasta el 10%, decenas de enchufados…, todo lo que venimos denunciando y que llevamos a la Fiscalía: un sistema basado en la vulneración de la ley, en el quebrantamiento del principio de igualdad y mérito, la compra de voluntades y la ocultación de estos actos a la población por una política de compra de voluntades con la publicidad y favores institucionales. Todo esto lo supieron las direcciones gallega y federal del PSOE porque se lo mandé por escrito, siendo los últimos el señor César Luena y el señor Besteiro, también imputado por el caso Garañón.

No se equivoquen, no canten victoria. No es el fin de Abel Caballero, solo lo hemos puesto en el alero y el reloj y la pluma son lo de menos. Ya hace tiempo, una corporación presidida por Portanet tuvo el dudoso honor de ver a parte de sus miembros juzgados por regalos y prebendas recibidos de la empresa Vitrasa, concesionaria del transporte público en Vigo que vino a sustituir a los famosos tranvías. La historia, si no se aprende de ella, se repite. Caballero ha perdido lo más importante de un político: la credibilidad. Lo de más, construir una alternativa transversal de gente decente que rompa con este neocaciquismo que practican las élites de Vigo.

Para terminar, si los periódicos publican todas estas corruptelas y enchufes con empresas de tamaño pequeño, ¿qué negocios corruptos no harán estos protagonistas con los grandes contratos?.

El concejal más guay

Lean y disfruten como con nuestro dinero el señor Ángel Rivas, concejal y secretario de organización del PSOE en Vigo, enchufaba al menos a 26 amiguetes en la contrata de jardines. La misma contrata que ampliaba sus honorarios sin justificación hasta llegar a casi mil millones de las antiguas pesetas. La misma contrata a la que se le adjudicaban a posteriori, obras como las de la Avenida de Castelao en Coia. No es de extrañar que el jefecillo de CESPA dijese que Ángel Rivas era el concejal “más guay del Paraguay” como recoge el informe de la Policía en las conversaciones intervenidas por orden judicial en el marco de la Operación Patos.

Y Abel Caballero contento con los trabajos sucios y amaños de su número 2 en la agrupación socialista de Vigo. Le hacía el trabajo sucio y a ver para otro lado mientras se saqueaba el presupuesto y se vulneraba la legalidad. Y de David Regades ya verán lo que sale.

Pero el PP no se quedaba atrás, lean el vodevil que en Atlántico cuentan de Corina Porro y de la señora Bravo Bosch. Para vomitar.

En Vigo, el PSOE como el PP de Valencia del señor Camps, allí amiguito del alma y aquí concejal guay del Paraguay. En Vigo debemos hacer como en Valencia y echar a los corruptos.

Queremos la verdad 1

Vigo: los vigueses y viguesas nos merecemos la verdad. El juzgado número 7, a petición de la fiscalía, y meses después de que yo lo denunciase públicamente, va a ser el encargado de clarificar los posibles delitos cometidos para crear un empleo ficticio o falso para la cuñada de Carmela Silva, entre otros cargos, miembro de la mesa de las cortes, teniente de alcalde de Vigo y pareja política del señor alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Los enchufes son una vergüenza inmoral, pero que alguien cobre de una contrata pagada con dinero municipal sin siquiera dignarse a ir a trabajar es un crimen que no se puede tolerar en una ciudad que tiene más de 30.000 personas sin empleo y más de 15.000 que no cobran ningún subsidio. Que la justicia haga su trabajo. Ahora bien, los culpables no son sólo la cuñada y el funcionario jefe del departamento, por cierto militante del PSOE, afín al sector de Abel Caballero y que curiosamente no tiene la titulación superior normal para ese puesto que desempeña.

Queremos saber quién es la mano y la voz que da las órdenes para los enchufes. Para saber la verdad hay que levantar el velo y constituir una comisión de investigación del pleno que permita conocer la verdad de todas las corruptelas de empleos de conveniencia en contratas pagadas con dinero municipal. Si el PP y el BNG callan es porque tienen algo que esconder. Por eso algunas personas, entre ellas yo, utilizaremos los mecanismos legales a nuestro alcance para crear esa comisión de investigación que nos deben a todos los vigueses los concejales de Vigo de todos los partidos para saber cómo se gasta nuestro dinero en empleados que ni tan siquiera trabajan.

Decía Platón que no hay nada más importante que la verdad, por eso sigo en esta batalla como la que dí para retirar la medalla de Vigo al señor Gayoso que hundió Caixavigo.

Segundo intento

A LA COMISIÓN FEDERAL DE ÉTICA Y GARANTÍAS:

CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRÍNCIPE, de las circunstancias personales que constan en el expediente JRF/JP 14/2014, con domicilio, a efectos de notificaciones, en Vigo, calle , número , piso comparece y EXPONE:
Que se le ha notificado la Resolución de fecha 23 de diciembre de 2.014, adoptada en el Expediente de referencia en la que, en aplicación del Artículo 46 y de los arts. 49 y 50 del Reglamento de Afiliados, se resuelve la Expulsión del Partido.
Que con posterioridad a la notificación de la Resolución, se le ha remitido por correo electrónico copia íntegra del expediente, y a la vista de su contenido, por medio del presente escrito, formula RECURSO contra la Resolución antes indicada (Artículo 70), ante esa Comisión, conforme a las siguientes:
ALEGACIONES:

I.- La democratización interna de los partidos políticos es un requisito ineludible para un correcto funcionamiento de nuestro sistema político. No sólo porque lo diga el art. 6 de la Constitución, sino porque, en caso contrario, se corre el riesgo de que el ciudadano se desen-cante definitivamente del instrumento “partido” y no tengamos modelos alternativos, al me-nos, en sentido democrático.
A pesar del recurrente comentario sobre la crisis de los partidos, siguen constituyendo el mecanismo asociativo más adecuado para canalizar la pluralidad política de la sociedad y para estructurar democráticamente los órganos de poder político del Estado.
De aquí la necesidad de seguir profundizando en la democratización interna de los partidos y en la plena vigencia en el interior de los mismos de los derechos constitucionales de sus afiliados, ya que constituyen el momento inicial del proceso de participación política democrática.
Esta necesidad de democracia interna ha estado presente desde la aparición de los partidos de masas pero la burocratización en los partidos se ha ido consolidando durante el siglo XX, y en la actualidad el mero afiliado ha pasado a un segundo plano frente a los cargos públicos (muy numerosos en los grandes partidos) y a la actividad mediática de los dirigentes frente a la antigua militancia basada en el compromiso cotidiano.
Los partidos cada vez están más alejados de la sociedad, con sus mecanismos internos de acceso no precisamente democráticos, llegando a la cúspide sólo personas que han pasado toda la vida en el partido, con la socialización política adecuada para ascender en la burocracia partidaria, pero sin experiencia directa de lo que ocurre fuera.
Probablemente los partidos no lleguen nunca a una democratización completa, pero siempre hay que propugnar esa meta y garantizar en su interior el ejercicio de derechos constitucionales por sus afiliados.
La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, supuso un avance mí-nimo con respecto a la Ley 54/1978 y un desarrollo, muy limitado, de lo dispuesto en el art. 6 CE .
Un elemento inevitable en todo partido con un mínimo de estructuración y militancia es la formación de diferentes corrientes o tendencias de opinión en las que se agrupan afiliados que, compartiendo el ideario del partido, mantienen posturas comunes ante determinados temas fundamentales en el posicionamiento de la organización política.
Las corrientes de opinión, además de inevitables, contribuyen a la vitalidad del partido, reflejando su pluralidad interna. El riesgo es que eso dé lugar a la formación de auténticos partidos dentro del partido, lo que debe evitarse con una regulación interna dirigida a establecer la aceptación expresa de las decisiones finales de los órganos del partido.
Partiendo de lo anterior, hay que decir que si se predica de los partidos la democracia interna, como hace nuestro art. 6 CE, parece difícil evitar que grupos de afiliados se reúnan periódicamente, para opinar y para reforzar sus puntos de vista ante debates trascendentales que se produzcan en su organización.
Una actividad represiva hacia estas corrientes de opinión puede suponer un menoscabo de los derechos constitucionales de los afiliados (reunión, expresión).
La exigencia constitucional de un funcionamiento interno democrático (art. 6 CE ) y la financiación pública (LO 8/2007, de 2 de febrero, sobre financiación de los partidos políticos) debe conllevar la plena vigencia en el interior de los partidos políticos de los derechos fundamentales que componen el Estado democrático en España, es decir, de todos aquellos derechos y libertades del Título I que puedan ejercerse en el seno de un partido por directa imposición del art. 6 CE y no condicionados a su mero reflejo en la Ley que desarrolle el artículo constitucional o en los Estatutos del partido.
La LOPP obliga a los Estatutos de los partidos a “prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos” (art. 7.5).

II.- Los partidos políticos, al estar obligados constitucionalmente a tener una estructura interna y un funcionamiento democráticos y a permitir la plena vigencia de los derechos fundamentales en su seno, han de respetar, en el plano procedimental, los derechos constitucionales consagrados en los artículos 24 y 25 CE , ya que a pesar de que el TC los ha referido a los procedimientos judiciales (SSTC 26/1983, de 13 de abril, 197/1988, de 24 de octubre) y al Derecho sancionador (SSTC 69/1983, de 26 de julio, 96/1988, de 26 de mayo, 239/1988, de 14 de diciembre), respectivamente, nada impide su aplicación analógica en una organización que por mandato constitucional ha de ser democrática, como, por otra parte, ha admitido el TS incluso para las asociaciones comunes antes de la LODA y los tribunales inferiores han aplicado más recientemente a los partidos políticos.
Los Estatutos de los partidos, en aplicación del art. 24 CE, han de recoger con claridad, además de lo previsto en la LOPP, los derechos de los afiliados a aportar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a la presunción de inocencia, a la prohibición de la indefensión y a ser tramitado su expediente sancionador por un órgano imparcial interno predeterminado contra el que quepa recurso interno.
La adecuada regulación de la expulsión del partido, en sus formas y sus causas, es la garantía de cierre del estatuto jurídico del afiliado, porque asegura el presupuesto previo para el ejercicio de las demás garantías; es decir, la permanencia del individuo en el grupo.
La definición de los actos u omisiones que pueden dar lugar a las sanciones ha de ser clara y precisa, sin la utilización de términos que permitan la depuración ideológica del partido al margen de los cauces estatutarios, evitando términos que por su vaguedad constituyen lo que puede denominarse como leyes penales en blanco, es decir, expresiones que, por su carácter favorecedor de la discrecionalidad permiten resultados absolutamente opuestos como puede ser la ausencia de sanción a determinados cargos partidistas involucrados en negocios turbios (hasta que los medios de comunicación informan de los mismos a la opinión pública) o la imposición de sanción a discrepantes ideológicos con los que no se quiere correr el riesgo de un enfrentamiento político directo y se busca una “mala” conducta. Así no es nada precisa la definición de expresiones como las de faltar “al programa, a los acuerdos o resoluciones”, “deslealtad al Partido”, “actos de indisciplina”, etc.

III.- En un partido político, el control sobre la democracia interna corresponde, en pri-mer lugar, a la jurisdicción civil al ser un tipo de controversias entre particulares, conforme a lo dispuesto en el art. 9.2 LOPJ y por aplicación supletoria de la LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, en virtud del juego de las Disposiciones Finales Primera y Segunda de esta última ley.
La doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Su-premo, establece la no intromisión de los tribunales de justicia en los temas internos de los partidos políticos salvo que la privación de cualquier derecho o cualidad del afiliado como medida extrema sancionadora que se puede adoptar en cualquier movimiento asociativo debe revestirse de un mínimo de garantías y encontrar razonable fundamento en una causa estatutariamente prevista y no arbitrariamente aplicada.
El control jurisdiccional de las expulsiones “no consiste en que el Juez pueda entrar a valorar, con independencia del juicio que ya han realizado los órganos de la asociación, la conducta del socio, sino en comprobar si existió una base razonable para que los órganos de las asociaciones tomasen la correspondiente decisión” (STC 218/88).
El control jurisdiccional, menos intenso en los aspectos sustantivos que en los proce-dimentales, deberá ceñirse, pues, a determinar si la decisión carece de toda razonabilidad a la luz de las disposiciones legales y estatutarias aplicables.

IV.- El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, constitucionalizado en el artículo 24 de la Constitución Española y ejercitable en cualquier tipo de proceso e inseparable del derecho mismo a la defensa, es un derecho de configuración legal como afirman las sentencias 263/2012, de 25 de abril, y 485/2012, de 18 de julio, reiterando la 782/1007, de 10 de julio, y la 842/2010, de 22 de diciembre.
La jurisprudencia ha entendido que la aplicación de las garantías procedimentales ha de producirse en todo proceso disciplinario partidario, al margen de lo dispuesto en las Leyes y en los propios Estatutos del partido.
Así, ya desde 1982, la Audiencia Territorial de Madrid consideró que, al margen de lo dispuesto en las leyes y en los Estatutos, no cabe la expulsión de un militante sin darle audiencia, sin procedimiento alguno y, en definitiva, de plano, en contra de los principios más elementales que presiden todas las técnicas sancionadoras, tanto punitivas y administrativas como aquellas que se prevén en ordenamientos de régimen interno que circunstancialmente se publiquen recogidos en el art. 24 de la Constitución y en la sentencia de 8 de junio de 1981 del Tribunal Constitucional.
Por su parte, la sentencia de 18 de marzo de 1982 también de la Audiencia Territorial de Madrid señala que las resoluciones examinadas “carecen de los requisitos procedimentales y formales imprescindibles para otorgarles el valor de acto o declaración de voluntad con trascendencia jurídica por la quiebra absoluta de los más elementales condicionantes exigidos por el derecho sancionador•.
La expulsión de un partido debe reunir las mínimas condiciones formales exigidas por los estatutos, pues, en caso contrario, habría una simple apariencia externa de acuerdo, un no acto, carente de los requisitos de validez precisos.
El TS ha declarado nulos los expedientes disciplinarios realizados con infracción de las normas partidarias internas.
Como declara la STS de 12 de mayo de 1998 y también, la SAP de Madrid de 27 de mayo de 2003 (FD 3): “En este sentido no es que sea la Sala la encargada de valorar los cargos que se le imputan, que no es el caso ni la misión de la misma, es que la función de los Tribunales en estos casos es de determinar si en la resolución de los expedientes se han observados las mínimas garantías que permitan el derecho de defensa de una forma eficaz de los expedientados y es evidente que el mismo, junto con la presunción de inocencia se han vulnerado en las resoluciones, en ninguna de las cuales aparece por cierto un relato de hechos acreditados de los que pueda inferirse la existencia de infracción disciplinaria, sino que se dan por supuestos determinado hechos y sin consignar cuáles sean se acuerda la sanción de expulsión. En este sentido lo que parece latir en las resoluciones es que no es necesario dar a conocer a los expedientados los hechos que basan su sanción por cuanto los mismos les son conocidos, la realización de actos de contracampaña, y pueden defenderse de ellos”.
El sancionado ha de tener el derecho a conocer el motivo exacto de la acusación que se le imputa y ello no puede depender de la notoriedad externa de los hechos de que se le acusa.
La AP de Guadalajara dice que: “los principios que rigen el derecho penal son extra-polables por regla general al ámbito sancionatorio administrativo, entre cuyos principios se encuentra, como garantía del administrado, el acusatorio, el cual ha de entenderse en el sentido de que la sanción que haya de imponerse debe venir delimitada en su aspecto fáctico por lo recogido en el pliego de cargos, que, de esta forma, actúa a modo de calificación definitiva, con la misma instrumentalidad que ésta tiene en el juicio oral (STS 30-6-86), de parecido tenor, STS Sala de lo Contencioso-Administrativo Sec. 7ª 23-3-1998, que señala que es el pliego de cargos, en cuanto implica el ejercicio de una pretensión sancionadora, el equivalente a los escritos de calificación del proceso penal ordinario” (SAP de Guadalajara, n. º 6/2006, de 13 de enero, FD 6).

V.- NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO, POR FALTA DE APORTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA DE LOS HECHOS OBJETO DE LA SANCIÓN:
Existe un aforismo eterno del Derecho que dice: “Lo que no está en los autos no está en el mundo”.
Lo que está fuera del procedimiento no existe.
Ese viejo aforismo jurídico viene a significar que todo el contenido utilizado en una causa judicial, bien sea para acusar, defender o juzgar, debe encontrarse dentro de las propias actuaciones judiciales. Evidentemente, el mismo principio es aplicable a todos los procedi-mientos, en este caso a los expedientes disciplinarios.
Se ha de recordar que el expediente constituye una reproducción de unos hechos que no han tenido lugar ante la presencia del órgano que resuelve. Esta reconstrucción permite resolver según lo alegado y probado por las partes (“Secundum allegata et probata”).
La Resolución debe de abstenerse de introducir transcripciones que no tengan un exacto y cabal reflejo en medio de prueba unidos al expediente, de suerte que ha de considerarse, según la máxima citada, que “lo que no consta en los autos no está en el mundo”.
Lo cierto es que el expediente debe contener los datos necesarios para que, en base a ellos, Y SOLO A ELLOS, de adopten en su momento las resoluciones correspondientes, ya que no sería constitucionalmente admisible que estas se elaborasen haciendo referencia a pruebas o informaciones no incluidas en el expediente.
En el fondo, lo que pudiera interpretarse como un formalismo o una burocracia es, en realidad, una garantía para los ciudadanos.
Solo se puede resolver conforme a lo que conste en los autos, con las pruebas unidas al procedimiento.
Sorprendentemente en el expediente, o al menos en el que se ha remitido, no se ha unido ningún medio probatorio documental, limitándose a consignar en el Pliego de Cargos y en la Resolución recurrida, supuestas manifestaciones, cuya autenticidad carece de todo apoyo probatorio, ya que ni siquiera se han unido copia de los ejemplares de los periódicos en los que se dice se realizaron las manifestaciones objeto de sanción.
Tampoco se practicó como medio de prueba ninguna declaración.
En definitiva, el expediente disciplinario tramitado en virtud del cual se ha dictado la resolución que ahora se recurre se encuentra, por tanto, VACÍO de cualquier medio de prueba, por lo que en definitiva la resolución que es objeto de este recurso resulta legalmente nula al carecer de cualquier apoyo probatorio.
Por lo expuesto,
SOLICITA: Se tenga por formulado Recurso contra la Resolución objeto del mismo y, estimándolo, se deje ésta sin efecto, y se declare la nulidad del procedimiento por manifiesta indefensión al carecer el expediente de prueba lícitamente practicada en relación a lo hechos que son objeto de sanción.

Vigo, para Madrid, a 27 de enero de 2.015.

¿Empleos keynesianos o ficticios? 4

Lean lo que publica La Voz de Galicia hoy sobre la denuncia por el empleo ficticio de la señora Falque, cuñada de doña Carmela Silva, teniente de alcade en Vigo entre otros muchos cargos y pareja política del alcalde Abel Caballero. La señora Falque cobró de la contrata municipal Imesapi durante 4 años sin ir por su puesto de trabajo, es decir, pagábamos todos los vigueses un salario de un familiar de la teniente de alcalde sin que la señora se dignara a trabajar. Eso es un robo y malversación de dinero público. Lo denuncié en agosto de 2014 y por decir eso, que se demuestra que es cierto, me expulsan del PSOE.

Me temo que detrás de los supuestos empleos keynesianos del alcalde Caballero hay mentiras, falsedades y mal uso del dinero público para beneficio de una camarilla de “privilegiados”. Hay que echarlos y limpiar la institución municipal de estas élites corruptas que además mienten. El 24 de mayo tenemos la oportunidad. Allí estaremos.

Son solo casualidades 2

Ayer, nuestro ínclito alcalde Abel Caballero se fue a hacer la foto con el señor Mouriño, presidente del Real Club Celta y los acompañantes de ambos para lanzar las obras del nuevo Balaídos.

Punto primero, no hay a día de hoy un proyecto constructivo completo que permita hablar de costo real, ¿les suena a algo?. Se habla de 30 millones de euros, 10 millones de euros los pondrá el Concello de Vigo, otros tantos la Diputación de Pontevedra y los 10 restantes entre el Celta, sociedad anónima de la que poseo desde el primer día 50 acciones, y la Zona Franca. No aprenden nuestras élites, así empezó la coña del estadio de Pasarón cuyo coste final fue más de 5 veces el precio inicial. Estoy seguro que aquí el sobreprecio estará, mínimo, entre 6 y 8 millones de euros. ¿Quién pagará la desviación?. Recuerden, por la razón de no pagar la desviación, el alcalde Caballero dejó a Vigo fuera del transporte metropolitano. ¿Qué pasa aquí entonces, que para el Celta hay barra libre?.

No tenemos proyecto constructivo, no sabemos el precio final pero sí sabemos quién suministrará el hormigón. Si ven la foto con atención, comprobarán que pegadito a Mouriño está su vicepresidente, Ricardo Barros, que “casualmente” es el presidente del grupo empresarial Hormigones Valle Miñor, donde “casualmente” trabajaba hasta hace 2 años el concejal, imputado por prevaricación después de una denuncia que interpuse yo, el señor Ángel Rivas, situado primero por la derecha en la foto, que “casualmente” era miembro del órgano del gobierno local de Vigo que votaba y firmaba las adjudicaciones de obras que “casualmente” recaían en una empresa de construcción que “casualmente” compraba el hormigón a Hormigones Valle Miñor, empresa para la que trabajaba el señor Rivas. Una gran foto ilustrativa de los cruces de intereses entre las élites viguesas.

Para rizar el rizo, una de las empresas que forma la UTE que llevará a cabo la reforma de la grada de Río es Stradia Infraestructuras. ¿les suena de algo?, a mi sí. Como ya informamos aquí, es la nueva fachada de la empresa Construcciones Eiriña, esa empresa investigada en el marco de la Operación Patos. Sumando, tenemos involucradas en este “sin-proyecto” a las mismas empresas y a los mismos representantes públicos involucrados en dos procesos judiciales. Muchas casualidades, ¿verdad?. Y aquí no pasa nada.

Otra casualidad, mañana el señor César Luena, secretario de organización federal del PSOE, viene a Vigo de la mano de Caballero y Rivas, porque Rivas, además de imputado, es el secretario de organización del PSOE en Vigo aunque Luena no sepa ni una cosa ni la otra. Dice un refrán español reunión de pastores, cordero muerto. Me temo que de esa reunión de burócratas del PSOE, mañana día 25 en el hotel ciudad de Vigo, el cordero muerto quieren que sea yo. Pues van apañados.

Chapuceros confirmados 2

Como comprobarán en este documento, se han tenido que tragar la trampa de no dejarme acceder al expediente. En cuanto recibieron mi recurso el 15 de enero a las 18:00 horas, decidieron contestar por escrito a lo que les había enviado el 8 de enero y, para no caer en nulidad plena, han tenido que darme acceso al expediente y retrotraer todo al 8 de enero. Una vez más, se demuestra que estamos ante la violación de los derechos elementales de participación en la vida política que consagra la Constitución y la Ley de Partidos, incluso como ellos mismos reconocen ahora.

Ni uno de los expediente que me han abierto han sido capaces de llevarlos dentro de la legalidad, ni uno. En cambio, la querida Carmela acumulando puestos en contra de los dictados del partido y ahí no pasa nada. La famosa doble vara de medir, que aquí cada uno aplica según mejor le conviene, ya veremos si el señor Besteiro lo tiene tan claro en unos meses, aunque yo los veo bastante perdidos.

Y yo me pregunto: ¿qué hubiera pasado si yo no les advierto de su chapuza y me defiendo?, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido un letrado?, pues que estarían pisoteados los derechos constitucionales, punto. ¿A cuántos afiliados les estarán haciendo esto?. Esta es la razón para seguir dando la batalla contra los aparatos políticos burocratizados que corrompen las normas democráticas.