Segundo intento

A LA COMISIÓN FEDERAL DE ÉTICA Y GARANTÍAS:

CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRÍNCIPE, de las circunstancias personales que constan en el expediente JRF/JP 14/2014, con domicilio, a efectos de notificaciones, en Vigo, calle , número , piso comparece y EXPONE:
Que se le ha notificado la Resolución de fecha 23 de diciembre de 2.014, adoptada en el Expediente de referencia en la que, en aplicación del Artículo 46 y de los arts. 49 y 50 del Reglamento de Afiliados, se resuelve la Expulsión del Partido.
Que con posterioridad a la notificación de la Resolución, se le ha remitido por correo electrónico copia íntegra del expediente, y a la vista de su contenido, por medio del presente escrito, formula RECURSO contra la Resolución antes indicada (Artículo 70), ante esa Comisión, conforme a las siguientes:
ALEGACIONES:

I.- La democratización interna de los partidos políticos es un requisito ineludible para un correcto funcionamiento de nuestro sistema político. No sólo porque lo diga el art. 6 de la Constitución, sino porque, en caso contrario, se corre el riesgo de que el ciudadano se desen-cante definitivamente del instrumento “partido” y no tengamos modelos alternativos, al me-nos, en sentido democrático.
A pesar del recurrente comentario sobre la crisis de los partidos, siguen constituyendo el mecanismo asociativo más adecuado para canalizar la pluralidad política de la sociedad y para estructurar democráticamente los órganos de poder político del Estado.
De aquí la necesidad de seguir profundizando en la democratización interna de los partidos y en la plena vigencia en el interior de los mismos de los derechos constitucionales de sus afiliados, ya que constituyen el momento inicial del proceso de participación política democrática.
Esta necesidad de democracia interna ha estado presente desde la aparición de los partidos de masas pero la burocratización en los partidos se ha ido consolidando durante el siglo XX, y en la actualidad el mero afiliado ha pasado a un segundo plano frente a los cargos públicos (muy numerosos en los grandes partidos) y a la actividad mediática de los dirigentes frente a la antigua militancia basada en el compromiso cotidiano.
Los partidos cada vez están más alejados de la sociedad, con sus mecanismos internos de acceso no precisamente democráticos, llegando a la cúspide sólo personas que han pasado toda la vida en el partido, con la socialización política adecuada para ascender en la burocracia partidaria, pero sin experiencia directa de lo que ocurre fuera.
Probablemente los partidos no lleguen nunca a una democratización completa, pero siempre hay que propugnar esa meta y garantizar en su interior el ejercicio de derechos constitucionales por sus afiliados.
La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, supuso un avance mí-nimo con respecto a la Ley 54/1978 y un desarrollo, muy limitado, de lo dispuesto en el art. 6 CE .
Un elemento inevitable en todo partido con un mínimo de estructuración y militancia es la formación de diferentes corrientes o tendencias de opinión en las que se agrupan afiliados que, compartiendo el ideario del partido, mantienen posturas comunes ante determinados temas fundamentales en el posicionamiento de la organización política.
Las corrientes de opinión, además de inevitables, contribuyen a la vitalidad del partido, reflejando su pluralidad interna. El riesgo es que eso dé lugar a la formación de auténticos partidos dentro del partido, lo que debe evitarse con una regulación interna dirigida a establecer la aceptación expresa de las decisiones finales de los órganos del partido.
Partiendo de lo anterior, hay que decir que si se predica de los partidos la democracia interna, como hace nuestro art. 6 CE, parece difícil evitar que grupos de afiliados se reúnan periódicamente, para opinar y para reforzar sus puntos de vista ante debates trascendentales que se produzcan en su organización.
Una actividad represiva hacia estas corrientes de opinión puede suponer un menoscabo de los derechos constitucionales de los afiliados (reunión, expresión).
La exigencia constitucional de un funcionamiento interno democrático (art. 6 CE ) y la financiación pública (LO 8/2007, de 2 de febrero, sobre financiación de los partidos políticos) debe conllevar la plena vigencia en el interior de los partidos políticos de los derechos fundamentales que componen el Estado democrático en España, es decir, de todos aquellos derechos y libertades del Título I que puedan ejercerse en el seno de un partido por directa imposición del art. 6 CE y no condicionados a su mero reflejo en la Ley que desarrolle el artículo constitucional o en los Estatutos del partido.
La LOPP obliga a los Estatutos de los partidos a “prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos” (art. 7.5).

II.- Los partidos políticos, al estar obligados constitucionalmente a tener una estructura interna y un funcionamiento democráticos y a permitir la plena vigencia de los derechos fundamentales en su seno, han de respetar, en el plano procedimental, los derechos constitucionales consagrados en los artículos 24 y 25 CE , ya que a pesar de que el TC los ha referido a los procedimientos judiciales (SSTC 26/1983, de 13 de abril, 197/1988, de 24 de octubre) y al Derecho sancionador (SSTC 69/1983, de 26 de julio, 96/1988, de 26 de mayo, 239/1988, de 14 de diciembre), respectivamente, nada impide su aplicación analógica en una organización que por mandato constitucional ha de ser democrática, como, por otra parte, ha admitido el TS incluso para las asociaciones comunes antes de la LODA y los tribunales inferiores han aplicado más recientemente a los partidos políticos.
Los Estatutos de los partidos, en aplicación del art. 24 CE, han de recoger con claridad, además de lo previsto en la LOPP, los derechos de los afiliados a aportar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a la presunción de inocencia, a la prohibición de la indefensión y a ser tramitado su expediente sancionador por un órgano imparcial interno predeterminado contra el que quepa recurso interno.
La adecuada regulación de la expulsión del partido, en sus formas y sus causas, es la garantía de cierre del estatuto jurídico del afiliado, porque asegura el presupuesto previo para el ejercicio de las demás garantías; es decir, la permanencia del individuo en el grupo.
La definición de los actos u omisiones que pueden dar lugar a las sanciones ha de ser clara y precisa, sin la utilización de términos que permitan la depuración ideológica del partido al margen de los cauces estatutarios, evitando términos que por su vaguedad constituyen lo que puede denominarse como leyes penales en blanco, es decir, expresiones que, por su carácter favorecedor de la discrecionalidad permiten resultados absolutamente opuestos como puede ser la ausencia de sanción a determinados cargos partidistas involucrados en negocios turbios (hasta que los medios de comunicación informan de los mismos a la opinión pública) o la imposición de sanción a discrepantes ideológicos con los que no se quiere correr el riesgo de un enfrentamiento político directo y se busca una “mala” conducta. Así no es nada precisa la definición de expresiones como las de faltar “al programa, a los acuerdos o resoluciones”, “deslealtad al Partido”, “actos de indisciplina”, etc.

III.- En un partido político, el control sobre la democracia interna corresponde, en pri-mer lugar, a la jurisdicción civil al ser un tipo de controversias entre particulares, conforme a lo dispuesto en el art. 9.2 LOPJ y por aplicación supletoria de la LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, en virtud del juego de las Disposiciones Finales Primera y Segunda de esta última ley.
La doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Su-premo, establece la no intromisión de los tribunales de justicia en los temas internos de los partidos políticos salvo que la privación de cualquier derecho o cualidad del afiliado como medida extrema sancionadora que se puede adoptar en cualquier movimiento asociativo debe revestirse de un mínimo de garantías y encontrar razonable fundamento en una causa estatutariamente prevista y no arbitrariamente aplicada.
El control jurisdiccional de las expulsiones “no consiste en que el Juez pueda entrar a valorar, con independencia del juicio que ya han realizado los órganos de la asociación, la conducta del socio, sino en comprobar si existió una base razonable para que los órganos de las asociaciones tomasen la correspondiente decisión” (STC 218/88).
El control jurisdiccional, menos intenso en los aspectos sustantivos que en los proce-dimentales, deberá ceñirse, pues, a determinar si la decisión carece de toda razonabilidad a la luz de las disposiciones legales y estatutarias aplicables.

IV.- El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, constitucionalizado en el artículo 24 de la Constitución Española y ejercitable en cualquier tipo de proceso e inseparable del derecho mismo a la defensa, es un derecho de configuración legal como afirman las sentencias 263/2012, de 25 de abril, y 485/2012, de 18 de julio, reiterando la 782/1007, de 10 de julio, y la 842/2010, de 22 de diciembre.
La jurisprudencia ha entendido que la aplicación de las garantías procedimentales ha de producirse en todo proceso disciplinario partidario, al margen de lo dispuesto en las Leyes y en los propios Estatutos del partido.
Así, ya desde 1982, la Audiencia Territorial de Madrid consideró que, al margen de lo dispuesto en las leyes y en los Estatutos, no cabe la expulsión de un militante sin darle audiencia, sin procedimiento alguno y, en definitiva, de plano, en contra de los principios más elementales que presiden todas las técnicas sancionadoras, tanto punitivas y administrativas como aquellas que se prevén en ordenamientos de régimen interno que circunstancialmente se publiquen recogidos en el art. 24 de la Constitución y en la sentencia de 8 de junio de 1981 del Tribunal Constitucional.
Por su parte, la sentencia de 18 de marzo de 1982 también de la Audiencia Territorial de Madrid señala que las resoluciones examinadas “carecen de los requisitos procedimentales y formales imprescindibles para otorgarles el valor de acto o declaración de voluntad con trascendencia jurídica por la quiebra absoluta de los más elementales condicionantes exigidos por el derecho sancionador•.
La expulsión de un partido debe reunir las mínimas condiciones formales exigidas por los estatutos, pues, en caso contrario, habría una simple apariencia externa de acuerdo, un no acto, carente de los requisitos de validez precisos.
El TS ha declarado nulos los expedientes disciplinarios realizados con infracción de las normas partidarias internas.
Como declara la STS de 12 de mayo de 1998 y también, la SAP de Madrid de 27 de mayo de 2003 (FD 3): “En este sentido no es que sea la Sala la encargada de valorar los cargos que se le imputan, que no es el caso ni la misión de la misma, es que la función de los Tribunales en estos casos es de determinar si en la resolución de los expedientes se han observados las mínimas garantías que permitan el derecho de defensa de una forma eficaz de los expedientados y es evidente que el mismo, junto con la presunción de inocencia se han vulnerado en las resoluciones, en ninguna de las cuales aparece por cierto un relato de hechos acreditados de los que pueda inferirse la existencia de infracción disciplinaria, sino que se dan por supuestos determinado hechos y sin consignar cuáles sean se acuerda la sanción de expulsión. En este sentido lo que parece latir en las resoluciones es que no es necesario dar a conocer a los expedientados los hechos que basan su sanción por cuanto los mismos les son conocidos, la realización de actos de contracampaña, y pueden defenderse de ellos”.
El sancionado ha de tener el derecho a conocer el motivo exacto de la acusación que se le imputa y ello no puede depender de la notoriedad externa de los hechos de que se le acusa.
La AP de Guadalajara dice que: “los principios que rigen el derecho penal son extra-polables por regla general al ámbito sancionatorio administrativo, entre cuyos principios se encuentra, como garantía del administrado, el acusatorio, el cual ha de entenderse en el sentido de que la sanción que haya de imponerse debe venir delimitada en su aspecto fáctico por lo recogido en el pliego de cargos, que, de esta forma, actúa a modo de calificación definitiva, con la misma instrumentalidad que ésta tiene en el juicio oral (STS 30-6-86), de parecido tenor, STS Sala de lo Contencioso-Administrativo Sec. 7ª 23-3-1998, que señala que es el pliego de cargos, en cuanto implica el ejercicio de una pretensión sancionadora, el equivalente a los escritos de calificación del proceso penal ordinario” (SAP de Guadalajara, n. º 6/2006, de 13 de enero, FD 6).

V.- NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO, POR FALTA DE APORTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA DE LOS HECHOS OBJETO DE LA SANCIÓN:
Existe un aforismo eterno del Derecho que dice: “Lo que no está en los autos no está en el mundo”.
Lo que está fuera del procedimiento no existe.
Ese viejo aforismo jurídico viene a significar que todo el contenido utilizado en una causa judicial, bien sea para acusar, defender o juzgar, debe encontrarse dentro de las propias actuaciones judiciales. Evidentemente, el mismo principio es aplicable a todos los procedi-mientos, en este caso a los expedientes disciplinarios.
Se ha de recordar que el expediente constituye una reproducción de unos hechos que no han tenido lugar ante la presencia del órgano que resuelve. Esta reconstrucción permite resolver según lo alegado y probado por las partes (“Secundum allegata et probata”).
La Resolución debe de abstenerse de introducir transcripciones que no tengan un exacto y cabal reflejo en medio de prueba unidos al expediente, de suerte que ha de considerarse, según la máxima citada, que “lo que no consta en los autos no está en el mundo”.
Lo cierto es que el expediente debe contener los datos necesarios para que, en base a ellos, Y SOLO A ELLOS, de adopten en su momento las resoluciones correspondientes, ya que no sería constitucionalmente admisible que estas se elaborasen haciendo referencia a pruebas o informaciones no incluidas en el expediente.
En el fondo, lo que pudiera interpretarse como un formalismo o una burocracia es, en realidad, una garantía para los ciudadanos.
Solo se puede resolver conforme a lo que conste en los autos, con las pruebas unidas al procedimiento.
Sorprendentemente en el expediente, o al menos en el que se ha remitido, no se ha unido ningún medio probatorio documental, limitándose a consignar en el Pliego de Cargos y en la Resolución recurrida, supuestas manifestaciones, cuya autenticidad carece de todo apoyo probatorio, ya que ni siquiera se han unido copia de los ejemplares de los periódicos en los que se dice se realizaron las manifestaciones objeto de sanción.
Tampoco se practicó como medio de prueba ninguna declaración.
En definitiva, el expediente disciplinario tramitado en virtud del cual se ha dictado la resolución que ahora se recurre se encuentra, por tanto, VACÍO de cualquier medio de prueba, por lo que en definitiva la resolución que es objeto de este recurso resulta legalmente nula al carecer de cualquier apoyo probatorio.
Por lo expuesto,
SOLICITA: Se tenga por formulado Recurso contra la Resolución objeto del mismo y, estimándolo, se deje ésta sin efecto, y se declare la nulidad del procedimiento por manifiesta indefensión al carecer el expediente de prueba lícitamente practicada en relación a lo hechos que son objeto de sanción.

Vigo, para Madrid, a 27 de enero de 2.015.

Chapuceros confirmados 2

Como comprobarán en este documento, se han tenido que tragar la trampa de no dejarme acceder al expediente. En cuanto recibieron mi recurso el 15 de enero a las 18:00 horas, decidieron contestar por escrito a lo que les había enviado el 8 de enero y, para no caer en nulidad plena, han tenido que darme acceso al expediente y retrotraer todo al 8 de enero. Una vez más, se demuestra que estamos ante la violación de los derechos elementales de participación en la vida política que consagra la Constitución y la Ley de Partidos, incluso como ellos mismos reconocen ahora.

Ni uno de los expediente que me han abierto han sido capaces de llevarlos dentro de la legalidad, ni uno. En cambio, la querida Carmela acumulando puestos en contra de los dictados del partido y ahí no pasa nada. La famosa doble vara de medir, que aquí cada uno aplica según mejor le conviene, ya veremos si el señor Besteiro lo tiene tan claro en unos meses, aunque yo los veo bastante perdidos.

Y yo me pregunto: ¿qué hubiera pasado si yo no les advierto de su chapuza y me defiendo?, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido un letrado?, pues que estarían pisoteados los derechos constitucionales, punto. ¿A cuántos afiliados les estarán haciendo esto?. Esta es la razón para seguir dando la batalla contra los aparatos políticos burocratizados que corrompen las normas democráticas.

¿No se aburren de intentarlo? 6

Porque no lo conseguirán, no me van a callar. Recibí ayer, día 1 de agosto de 2014, un pliego de cargos correspondiente al segundo expediente que me abrió el señor Abel Caballero y su ejecutiva local del PSOE en Vigo en octubre de 2013.

El expediente se me abrió por denunciar que en el Concello de Vigo se estaban produciendo contrataciones irregulares. La fecha de apertura fue el 28 de octubre de 2013 y como pueden comprobar, vuelven a cometer otra tropelía jurídica al introducir ahora, en este nuevo pliego, hechos posteriores al expediente original. Parece que no les gustaron mis comentarios sobre Eiriña y CESPA, empresas que están siendo investigadas en su relación con el Concello de Vigo y otras instituciones, por el juzgado número 8 de nuestra ciudad. Es más, en el curso de la investigación, la policía irrumpió en los despachos de los concejales Regardes y Rivas. Si querían hacer historia, la hicieron, aunque para vergüenza propia y de todos los vigueses. Es la primera vez que la policía irrumpía en el Concello de Vigo y se llevaba documentación, incluidos ordenador y teléfonos móviles. Desde luego, si investigan no será por mi culpa, sino porque algo no está claro en los servicios que esas empresas prestan al gobierno de Abel Caballero y a la ciudad de Vigo.

En relación a la contratación de personal, denuncié en noviembre de 2013, 22 casos con nombres y apellidos de familiares directos de dirigentes socialistas que han trabajado para el puerto, para el Concello, para ambos o para contratas municipales. A día de hoy, después de casi un año de mi denuncia, no han sido capaces de desmentir ni un solo caso, ni uno.

¿Por qué reactivan ahora este expediente de hace 1 año?, pues porque en Septiembre de 2014 se van a convocar elecciones primarias abiertas para escoger las personas que encabezarán las listas socialistas, en Vigo también, por mucho que a Abel Caballero le pese. Como a Abel Caballero no le gusta y no quiere que haya primarias en Vigo, el señor Caballero hace lo que haga falta para callar cualquier voz discordante con su régimen. Como desde el 28 de marzo de 2014 está acabada mi suspensión de militancia, decretada por un expediente anterior de julio de 2011 y que ellos mismos fueron incapaces de terminar, necesitan otra trampa para impedir que me pueda presentar. Por último, quieren hacer conmigo lo mismo que ya hicieron con Pasqual Maragall, que denunció las comisiones del pujolismo y fue condenado por las élites, pero como ha demostrado el tiempo, Maragall dijo la verdad y tuvo razón. Yo también digo la verdad, no me van a callar y la verdad se terminará sabiendo para vergüenza y escarnio de la sociedad viguesa, que no nos merecemos los apaños y enchufes de Abel Caballero y su clan.

Ya les anuncio que presentaré un recurso con pruebas en los 10 días hábiles que tengo de plazo para contestar al nuevo pliego de cargos. Como no, esa información será publicada en esta web para que todos ustedes tengan acceso a ella y puedan analizarla y hacerse su propia opinión.

¡Qué bonita es Barcelona!

Les tengo que confesar que mi modelo de ciudad y mi modelo de partido siempre se inclinó por Barcelona, sin dudarlo y con muchos matices frente al modelo andaluz. Maragall, Obiols, la UGT catalana, el obrerismo del baix Llobregat me sedujeron mas que Carlos Sanjuán, Chaves, Pepote o incluso Guerra. El moro del PSOE, Felipe, siempre que tenía problemas encontraba el cariño y la fuerza en el electorado charnego y pequeño burgués que llenaba el Palau Sant Jordi. Mis mejores amigos fueron algunos socialistas catalanes que comprendían a Vigo como la Barcelona del Atlántico que seremos algún día.

En Barcelona, el partido socialista tiene en marcha una convocatoria de primarias abiertas donde si consigues el aval de 150 afiliados y simultáneo al menos de 1.000 ciudadanos censados, te conviertes en candidato a las primarias que celebrarán en marzo de 2014 para designar al cabeza de lista para las elecciones municipales del 24 mayo de 2015. Apuesto a que en Vigo, el sátrapa y su aparato no dejarán que haya primarias. Hace 4 años ya nos negaron la sede, cerraron la sede en el periodo de recogida de firmas, tal como atestigua el acta notarial que se levantó a petición nuestra. Me temo que ahora nos darán más de lo mismo, desprecio y negación de los derechos básicos a participar en la toma de decisiones. Que vayan aprendiendo, para que una ciudad pueda abrirse hacia fuera y liderar algo importante como el Mobile World Congress, hay que primero abrirse hacia dentro y fomentar la democracia urbana.

Ciudadanos, no súbditos. ¡Qué bonita es Barcelona y qué democrático es el PSC!.

Ellas deciden

El tren de la libertad llegó a la estación de Atocha a las 11:30. A partir de las 12, decenas de miles acompañamos a nuestras compañeras para entregar en el Congreso  de los Diputados el manifiesto “Porque yo decido”.

Misión cumplida. Rajoy, Gallardón y el PP ya saben que la gente decente no nos vamos a rendir, hay que pararlos.

Hay que pararlos 2

Mañana a las 12 del mediodía, desde la estación de Atocha y hasta la puerta del Congreso de los Diputados, asistiré con mi mujer, mi hija y amigos y amigas a la manifestación que, convocada por la iniciativa “El tren de la libertad”, invita a defender los derechos y libertades de las mujeres que quieren ser pisoteados por el gobierno de Mariano Rajoy para contentar a su base social más reaccionaria.

Los temas de conciencia y el aborto deben dejarse a la conciencia de las personas, no intentando imponer las convicciones propias a todos los demás. La ley de plazos no obliga a nadie a nada que no quiera hacer, la contrarreforma de Gallardón-Rajoy obliga a más de 100.000 mujeres a sentirse culpables, y ya es un drama el aborto como para culpabilizar a las personas que en su desesperación tienen que recurrir a esa opción.

Por eso estaré allí, es la primera vez que salgo a la calle después del los atentados de Madrid acaecidos el 11 de Marzo de 2004, y las anteriores fueron contra la guerra de Irak y el Prestige.

No se puede uno quedar en casa cuando te quieren recortar derechos y libertades, hay que pararlos.

Papa Francisco: un motivo de esperanza

La prestigiosa revista Time ha elegido al ex-cardenal jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, más conocido ahora como el Papa Francisco, como personaje del año compartiendo los laureles de John Kennedy, Mijail Gorbachov y tantos otros líderes mundiales que supusieron un punto de inflexión que abrió las puertas al cambio en nuestro mundo globalizado en los últimos 50 años.

¿Cuál es la importancia del Papa Francisco?, que es el primer Papa sudamericano, sacerdote, jesuita y que hablando de los pobres y de los parias cambia la agenda del debate político global. Para este hombre decente, como ya hemos dicho en esta web, los protagonistas de la historia,del futuro y del cambio son la lucha por la libertad, por la igualdad y por el respeto a los otros. Ese es el cambio: más iguales, más libres, más respetuosos de nuestras diferencias.

Declaraciones sobre el expediente a Gonzalo Caballero

Os dejo aquí mis declaraciones a medios sobre la apertura de un expediente sancionador a Gonzalo Caballero.

La libertad de expresión y el PSOE vigués 1

Hace ahora tres años, por estas mismas fechas, los mismos con las mismas manos manchadas en todo tipo de abusos y tropelías, me abrieron expediente disciplinario para silenciarme. El expediente nunca lo desarrollaron, todavía está sin teminar y yo llevo 18 meses en un Guantánamo estatutario, con el único objetivo de que no pueda hablar en los órganos de mi partido,el PSOE, al cual llevo afiliado más de 32 años.

Pero no pudieron callar mi voz. Ahora mi compañero, amigo y dirigente, miembro del comité nacional y provincial del PSOE, Gonzalo Caballero acaba de recibir su ración de represión por denunciar que doña Carmela Silva infringe los estatutos del partido en Galicia por tener dos cargos públicos por los que cobra 100.000 euros al año, hecho cierto y comprobable, no hay más que acudir a la hemeroteca. ¿Por qué esta brutal reacción?, simple y llanamente, porque hay más mierda debajo, nepotismo, enchufismo, maluso de las instituciones y fondos públicos del que se puedan imaginar.

El problema no es que haya hombres libres que denuncien los abusos. El problema son quienes cometen abusos, quienes los toleran y quienes los silencian y ocultan a la opinión publica. Mañana, pasado mañana, el otro día y después del otro también, seguiremos luchando para defender la libertad y restituir la verdad y la dignidad a Vigo y los vigueses. Buenas noches y buena suerte.

Paren el baño de sangre en Egipto

Las tropas del ejército y la policía están arrasando los campamentos de los partidarios del islamista Morsi, presidente depuesto por un golpe de palacio hace unas semanas y para el que desde esta página he reclamado la puesta en libertad.

Más de 200 muertos acaban de denunciar los Hermanos Musulmanes, partido islamista que ha dilapidado en un año el enorme caudal de apoyo que tenía. La UE no puede permitir este baño de sangre que solo va a crear más dolor y rencor en los pueblos árabes. La comunidad internacional tiene que defender la libertad sin trampas en todas partes: Egipto, Túnez, Siria, Irán, etc. La democracia en los países árabes es la única salida frente al islamismo, los talibanes y los terroristas de Al Qaeda. La democracia exige tomar partido para parar la masacre que está cometiendo el ejército egipcio. Al Baradei, ¿donde está la voz de los hombres y mujeres demócratas de egipto?, ¿dónde está la izquierda laica, los intelectuales…. ¡Hay que parar la masacre ya¡