Segundo intento

A LA COMISIÓN FEDERAL DE ÉTICA Y GARANTÍAS:

CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRÍNCIPE, de las circunstancias personales que constan en el expediente JRF/JP 14/2014, con domicilio, a efectos de notificaciones, en Vigo, calle , número , piso comparece y EXPONE:
Que se le ha notificado la Resolución de fecha 23 de diciembre de 2.014, adoptada en el Expediente de referencia en la que, en aplicación del Artículo 46 y de los arts. 49 y 50 del Reglamento de Afiliados, se resuelve la Expulsión del Partido.
Que con posterioridad a la notificación de la Resolución, se le ha remitido por correo electrónico copia íntegra del expediente, y a la vista de su contenido, por medio del presente escrito, formula RECURSO contra la Resolución antes indicada (Artículo 70), ante esa Comisión, conforme a las siguientes:
ALEGACIONES:

I.- La democratización interna de los partidos políticos es un requisito ineludible para un correcto funcionamiento de nuestro sistema político. No sólo porque lo diga el art. 6 de la Constitución, sino porque, en caso contrario, se corre el riesgo de que el ciudadano se desen-cante definitivamente del instrumento “partido” y no tengamos modelos alternativos, al me-nos, en sentido democrático.
A pesar del recurrente comentario sobre la crisis de los partidos, siguen constituyendo el mecanismo asociativo más adecuado para canalizar la pluralidad política de la sociedad y para estructurar democráticamente los órganos de poder político del Estado.
De aquí la necesidad de seguir profundizando en la democratización interna de los partidos y en la plena vigencia en el interior de los mismos de los derechos constitucionales de sus afiliados, ya que constituyen el momento inicial del proceso de participación política democrática.
Esta necesidad de democracia interna ha estado presente desde la aparición de los partidos de masas pero la burocratización en los partidos se ha ido consolidando durante el siglo XX, y en la actualidad el mero afiliado ha pasado a un segundo plano frente a los cargos públicos (muy numerosos en los grandes partidos) y a la actividad mediática de los dirigentes frente a la antigua militancia basada en el compromiso cotidiano.
Los partidos cada vez están más alejados de la sociedad, con sus mecanismos internos de acceso no precisamente democráticos, llegando a la cúspide sólo personas que han pasado toda la vida en el partido, con la socialización política adecuada para ascender en la burocracia partidaria, pero sin experiencia directa de lo que ocurre fuera.
Probablemente los partidos no lleguen nunca a una democratización completa, pero siempre hay que propugnar esa meta y garantizar en su interior el ejercicio de derechos constitucionales por sus afiliados.
La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, supuso un avance mí-nimo con respecto a la Ley 54/1978 y un desarrollo, muy limitado, de lo dispuesto en el art. 6 CE .
Un elemento inevitable en todo partido con un mínimo de estructuración y militancia es la formación de diferentes corrientes o tendencias de opinión en las que se agrupan afiliados que, compartiendo el ideario del partido, mantienen posturas comunes ante determinados temas fundamentales en el posicionamiento de la organización política.
Las corrientes de opinión, además de inevitables, contribuyen a la vitalidad del partido, reflejando su pluralidad interna. El riesgo es que eso dé lugar a la formación de auténticos partidos dentro del partido, lo que debe evitarse con una regulación interna dirigida a establecer la aceptación expresa de las decisiones finales de los órganos del partido.
Partiendo de lo anterior, hay que decir que si se predica de los partidos la democracia interna, como hace nuestro art. 6 CE, parece difícil evitar que grupos de afiliados se reúnan periódicamente, para opinar y para reforzar sus puntos de vista ante debates trascendentales que se produzcan en su organización.
Una actividad represiva hacia estas corrientes de opinión puede suponer un menoscabo de los derechos constitucionales de los afiliados (reunión, expresión).
La exigencia constitucional de un funcionamiento interno democrático (art. 6 CE ) y la financiación pública (LO 8/2007, de 2 de febrero, sobre financiación de los partidos políticos) debe conllevar la plena vigencia en el interior de los partidos políticos de los derechos fundamentales que componen el Estado democrático en España, es decir, de todos aquellos derechos y libertades del Título I que puedan ejercerse en el seno de un partido por directa imposición del art. 6 CE y no condicionados a su mero reflejo en la Ley que desarrolle el artículo constitucional o en los Estatutos del partido.
La LOPP obliga a los Estatutos de los partidos a “prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos” (art. 7.5).

II.- Los partidos políticos, al estar obligados constitucionalmente a tener una estructura interna y un funcionamiento democráticos y a permitir la plena vigencia de los derechos fundamentales en su seno, han de respetar, en el plano procedimental, los derechos constitucionales consagrados en los artículos 24 y 25 CE , ya que a pesar de que el TC los ha referido a los procedimientos judiciales (SSTC 26/1983, de 13 de abril, 197/1988, de 24 de octubre) y al Derecho sancionador (SSTC 69/1983, de 26 de julio, 96/1988, de 26 de mayo, 239/1988, de 14 de diciembre), respectivamente, nada impide su aplicación analógica en una organización que por mandato constitucional ha de ser democrática, como, por otra parte, ha admitido el TS incluso para las asociaciones comunes antes de la LODA y los tribunales inferiores han aplicado más recientemente a los partidos políticos.
Los Estatutos de los partidos, en aplicación del art. 24 CE, han de recoger con claridad, además de lo previsto en la LOPP, los derechos de los afiliados a aportar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a la presunción de inocencia, a la prohibición de la indefensión y a ser tramitado su expediente sancionador por un órgano imparcial interno predeterminado contra el que quepa recurso interno.
La adecuada regulación de la expulsión del partido, en sus formas y sus causas, es la garantía de cierre del estatuto jurídico del afiliado, porque asegura el presupuesto previo para el ejercicio de las demás garantías; es decir, la permanencia del individuo en el grupo.
La definición de los actos u omisiones que pueden dar lugar a las sanciones ha de ser clara y precisa, sin la utilización de términos que permitan la depuración ideológica del partido al margen de los cauces estatutarios, evitando términos que por su vaguedad constituyen lo que puede denominarse como leyes penales en blanco, es decir, expresiones que, por su carácter favorecedor de la discrecionalidad permiten resultados absolutamente opuestos como puede ser la ausencia de sanción a determinados cargos partidistas involucrados en negocios turbios (hasta que los medios de comunicación informan de los mismos a la opinión pública) o la imposición de sanción a discrepantes ideológicos con los que no se quiere correr el riesgo de un enfrentamiento político directo y se busca una “mala” conducta. Así no es nada precisa la definición de expresiones como las de faltar “al programa, a los acuerdos o resoluciones”, “deslealtad al Partido”, “actos de indisciplina”, etc.

III.- En un partido político, el control sobre la democracia interna corresponde, en pri-mer lugar, a la jurisdicción civil al ser un tipo de controversias entre particulares, conforme a lo dispuesto en el art. 9.2 LOPJ y por aplicación supletoria de la LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, en virtud del juego de las Disposiciones Finales Primera y Segunda de esta última ley.
La doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Su-premo, establece la no intromisión de los tribunales de justicia en los temas internos de los partidos políticos salvo que la privación de cualquier derecho o cualidad del afiliado como medida extrema sancionadora que se puede adoptar en cualquier movimiento asociativo debe revestirse de un mínimo de garantías y encontrar razonable fundamento en una causa estatutariamente prevista y no arbitrariamente aplicada.
El control jurisdiccional de las expulsiones “no consiste en que el Juez pueda entrar a valorar, con independencia del juicio que ya han realizado los órganos de la asociación, la conducta del socio, sino en comprobar si existió una base razonable para que los órganos de las asociaciones tomasen la correspondiente decisión” (STC 218/88).
El control jurisdiccional, menos intenso en los aspectos sustantivos que en los proce-dimentales, deberá ceñirse, pues, a determinar si la decisión carece de toda razonabilidad a la luz de las disposiciones legales y estatutarias aplicables.

IV.- El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, constitucionalizado en el artículo 24 de la Constitución Española y ejercitable en cualquier tipo de proceso e inseparable del derecho mismo a la defensa, es un derecho de configuración legal como afirman las sentencias 263/2012, de 25 de abril, y 485/2012, de 18 de julio, reiterando la 782/1007, de 10 de julio, y la 842/2010, de 22 de diciembre.
La jurisprudencia ha entendido que la aplicación de las garantías procedimentales ha de producirse en todo proceso disciplinario partidario, al margen de lo dispuesto en las Leyes y en los propios Estatutos del partido.
Así, ya desde 1982, la Audiencia Territorial de Madrid consideró que, al margen de lo dispuesto en las leyes y en los Estatutos, no cabe la expulsión de un militante sin darle audiencia, sin procedimiento alguno y, en definitiva, de plano, en contra de los principios más elementales que presiden todas las técnicas sancionadoras, tanto punitivas y administrativas como aquellas que se prevén en ordenamientos de régimen interno que circunstancialmente se publiquen recogidos en el art. 24 de la Constitución y en la sentencia de 8 de junio de 1981 del Tribunal Constitucional.
Por su parte, la sentencia de 18 de marzo de 1982 también de la Audiencia Territorial de Madrid señala que las resoluciones examinadas “carecen de los requisitos procedimentales y formales imprescindibles para otorgarles el valor de acto o declaración de voluntad con trascendencia jurídica por la quiebra absoluta de los más elementales condicionantes exigidos por el derecho sancionador•.
La expulsión de un partido debe reunir las mínimas condiciones formales exigidas por los estatutos, pues, en caso contrario, habría una simple apariencia externa de acuerdo, un no acto, carente de los requisitos de validez precisos.
El TS ha declarado nulos los expedientes disciplinarios realizados con infracción de las normas partidarias internas.
Como declara la STS de 12 de mayo de 1998 y también, la SAP de Madrid de 27 de mayo de 2003 (FD 3): “En este sentido no es que sea la Sala la encargada de valorar los cargos que se le imputan, que no es el caso ni la misión de la misma, es que la función de los Tribunales en estos casos es de determinar si en la resolución de los expedientes se han observados las mínimas garantías que permitan el derecho de defensa de una forma eficaz de los expedientados y es evidente que el mismo, junto con la presunción de inocencia se han vulnerado en las resoluciones, en ninguna de las cuales aparece por cierto un relato de hechos acreditados de los que pueda inferirse la existencia de infracción disciplinaria, sino que se dan por supuestos determinado hechos y sin consignar cuáles sean se acuerda la sanción de expulsión. En este sentido lo que parece latir en las resoluciones es que no es necesario dar a conocer a los expedientados los hechos que basan su sanción por cuanto los mismos les son conocidos, la realización de actos de contracampaña, y pueden defenderse de ellos”.
El sancionado ha de tener el derecho a conocer el motivo exacto de la acusación que se le imputa y ello no puede depender de la notoriedad externa de los hechos de que se le acusa.
La AP de Guadalajara dice que: “los principios que rigen el derecho penal son extra-polables por regla general al ámbito sancionatorio administrativo, entre cuyos principios se encuentra, como garantía del administrado, el acusatorio, el cual ha de entenderse en el sentido de que la sanción que haya de imponerse debe venir delimitada en su aspecto fáctico por lo recogido en el pliego de cargos, que, de esta forma, actúa a modo de calificación definitiva, con la misma instrumentalidad que ésta tiene en el juicio oral (STS 30-6-86), de parecido tenor, STS Sala de lo Contencioso-Administrativo Sec. 7ª 23-3-1998, que señala que es el pliego de cargos, en cuanto implica el ejercicio de una pretensión sancionadora, el equivalente a los escritos de calificación del proceso penal ordinario” (SAP de Guadalajara, n. º 6/2006, de 13 de enero, FD 6).

V.- NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO, POR FALTA DE APORTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA DE LOS HECHOS OBJETO DE LA SANCIÓN:
Existe un aforismo eterno del Derecho que dice: “Lo que no está en los autos no está en el mundo”.
Lo que está fuera del procedimiento no existe.
Ese viejo aforismo jurídico viene a significar que todo el contenido utilizado en una causa judicial, bien sea para acusar, defender o juzgar, debe encontrarse dentro de las propias actuaciones judiciales. Evidentemente, el mismo principio es aplicable a todos los procedi-mientos, en este caso a los expedientes disciplinarios.
Se ha de recordar que el expediente constituye una reproducción de unos hechos que no han tenido lugar ante la presencia del órgano que resuelve. Esta reconstrucción permite resolver según lo alegado y probado por las partes (“Secundum allegata et probata”).
La Resolución debe de abstenerse de introducir transcripciones que no tengan un exacto y cabal reflejo en medio de prueba unidos al expediente, de suerte que ha de considerarse, según la máxima citada, que “lo que no consta en los autos no está en el mundo”.
Lo cierto es que el expediente debe contener los datos necesarios para que, en base a ellos, Y SOLO A ELLOS, de adopten en su momento las resoluciones correspondientes, ya que no sería constitucionalmente admisible que estas se elaborasen haciendo referencia a pruebas o informaciones no incluidas en el expediente.
En el fondo, lo que pudiera interpretarse como un formalismo o una burocracia es, en realidad, una garantía para los ciudadanos.
Solo se puede resolver conforme a lo que conste en los autos, con las pruebas unidas al procedimiento.
Sorprendentemente en el expediente, o al menos en el que se ha remitido, no se ha unido ningún medio probatorio documental, limitándose a consignar en el Pliego de Cargos y en la Resolución recurrida, supuestas manifestaciones, cuya autenticidad carece de todo apoyo probatorio, ya que ni siquiera se han unido copia de los ejemplares de los periódicos en los que se dice se realizaron las manifestaciones objeto de sanción.
Tampoco se practicó como medio de prueba ninguna declaración.
En definitiva, el expediente disciplinario tramitado en virtud del cual se ha dictado la resolución que ahora se recurre se encuentra, por tanto, VACÍO de cualquier medio de prueba, por lo que en definitiva la resolución que es objeto de este recurso resulta legalmente nula al carecer de cualquier apoyo probatorio.
Por lo expuesto,
SOLICITA: Se tenga por formulado Recurso contra la Resolución objeto del mismo y, estimándolo, se deje ésta sin efecto, y se declare la nulidad del procedimiento por manifiesta indefensión al carecer el expediente de prueba lícitamente practicada en relación a lo hechos que son objeto de sanción.

Vigo, para Madrid, a 27 de enero de 2.015.

¿Empleos keynesianos o ficticios? 4

Lean lo que publica La Voz de Galicia hoy sobre la denuncia por el empleo ficticio de la señora Falque, cuñada de doña Carmela Silva, teniente de alcade en Vigo entre otros muchos cargos y pareja política del alcalde Abel Caballero. La señora Falque cobró de la contrata municipal Imesapi durante 4 años sin ir por su puesto de trabajo, es decir, pagábamos todos los vigueses un salario de un familiar de la teniente de alcalde sin que la señora se dignara a trabajar. Eso es un robo y malversación de dinero público. Lo denuncié en agosto de 2014 y por decir eso, que se demuestra que es cierto, me expulsan del PSOE.

Me temo que detrás de los supuestos empleos keynesianos del alcalde Caballero hay mentiras, falsedades y mal uso del dinero público para beneficio de una camarilla de “privilegiados”. Hay que echarlos y limpiar la institución municipal de estas élites corruptas que además mienten. El 24 de mayo tenemos la oportunidad. Allí estaremos.

Chapuceros confirmados 2

Como comprobarán en este documento, se han tenido que tragar la trampa de no dejarme acceder al expediente. En cuanto recibieron mi recurso el 15 de enero a las 18:00 horas, decidieron contestar por escrito a lo que les había enviado el 8 de enero y, para no caer en nulidad plena, han tenido que darme acceso al expediente y retrotraer todo al 8 de enero. Una vez más, se demuestra que estamos ante la violación de los derechos elementales de participación en la vida política que consagra la Constitución y la Ley de Partidos, incluso como ellos mismos reconocen ahora.

Ni uno de los expediente que me han abierto han sido capaces de llevarlos dentro de la legalidad, ni uno. En cambio, la querida Carmela acumulando puestos en contra de los dictados del partido y ahí no pasa nada. La famosa doble vara de medir, que aquí cada uno aplica según mejor le conviene, ya veremos si el señor Besteiro lo tiene tan claro en unos meses, aunque yo los veo bastante perdidos.

Y yo me pregunto: ¿qué hubiera pasado si yo no les advierto de su chapuza y me defiendo?, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido un letrado?, pues que estarían pisoteados los derechos constitucionales, punto. ¿A cuántos afiliados les estarán haciendo esto?. Esta es la razón para seguir dando la batalla contra los aparatos políticos burocratizados que corrompen las normas democráticas.

Otra chapuza más 2

Para que la gente conozca la forma chapucera en que se tramita mi expediente por el que se me expulsa del PSOE, sepan que a día de hoy todavía no tengo acceso ni a una copia ni al expediente completo. Por esta razón, siguiendo las instrucciones de mi abogado y de acuerdo con la legislación ordinaria vigente, he solicitado en día de hoy vía burofax una copia certificada de todo el expediente, solicitando además que mientras no me sea entregada se interrumpa el plazo de 10 días hábiles que tengo para presentar mi recurso ante la comisión de garantías federal del PSOE.

Ni por estas 5

Los vigueses tienen derecho a la verdad.

El 31 de julio de 2011 se inicia un expediente disciplinario contra mí que, injustamente, ha supuesto la privación de mis derechos básicos como afiliado del PSOE desde marzo de 2012.

De aquel expediente inicial nada se dice en las ocho páginas que he recibido el día 2 de enero de 2015 para comunicarme mi expulsión del PSOE después de más de 30 años como militante. Ni tan siquiera se menciona la presentación que hice, en marzo de 2012, de un desayuno informativo con el tema del área metropolitana de Vigo en que actuaba de ponente el Sr. Rueda. Basándose en tales hechos, el 29 de marzo de 2012, se me suspende de militancia sin que desde ese día, a pesar de pagar mis cuotas, se me hayan devuelto mi derecho a voto y participación en las asambleas y órganos del partido. El tiempo máximo de suspensión preventiva de militancia, según nuestros estatutos, no puede superar los dos años, es decir, desde abril de 2014, tiempo de primarias, se ha mantenido ilegalmente mi suspensión de militancia a pesar de haberlo denunciado.

La resolución final responde a un segundo expediente que se me abre en octubre de 2013 por haber denunciado públicamente, y lo asumo, que hay una red de empleos en planes municipales y en contratas del Ayuntamiento de Vigo que está siendo utilizada por Abel Caballero y su grupo para controlar el partido socialista en Vigo y practicar el enchufismo y el clientelismo político que el PSOE dice combatir de acuerdo con nuestro código ético.

Todas las afirmaciones que he hecho son ciertas, y el único argumento que se me da es que uno de los enchufadores dice que todo se hizo de acuerdo con la legalidad, me refiero al señor López Font y como prueba: su relación familiar con la madre de Erika Jaraiz Gulias, cuyo nombramiento a dedo y unilateral por el Sr. Abel Caballero llevó a la agonía y el abandono a la mancomunidad de municipios del área metropolitana de Vigo que tuve el honor de fundar en 1993 y que hoy está en vías de liquidación.

Las denuncias que hice públicamente en diarios de la comunidad autónoma de Galicia sobre el mal uso de los contratos públicos en el Ayuntamiento de Vigo merecieron dos procedimientos de investigación que permanecen abiertos, uno conocido como la operación Patos, pendiente de estudio, y otro la operación aceras-Rivas-hormigones, en la que un juzgado de instrucción, por denuncia de la fiscalía territorial de Vigo, imputa al concejal Rivas por prevaricación y trato de favor a la empresa para la que trabajaba, Hormigones Valle Miñor, en relación al suministro de hormigón a algunos contratistas municipales que se han adjudicado más de 140 millones de euros en aceras, básicamente hormigón y granito.

Todo esto que dije públicamente, lo dije primero en privado: al secretario de organización, en su momento, de Galicia, en las asambleas del partido hasta que no me dejaron acceder y después a las sucesivas direcciones federales y a las sucesivas comisiones de garantías, con escritos de los que guardo copia, incluso con una carta manuscrita al actual Secretario de Organización y al actual Secretario General de Galicia. Es más, como consecuencia de mis denuncias la fiscalía de Vigo inició la investigación del caso aceras-Rivas-hormigones. En todo este tiempo el Partido Socialista en Vigo, en Galicia y en Madrid miró para otro lado y se tapó la nariz, a pesar del código ético en vigor de nuestro partido. Estamos por lo tanto ante un caso claro de ocultación de la verdad, de negación de la realidad de los hechos y siempre que el PSOE ha hecho eso, hemos terminado mal y pidiendo perdón. Recordemos la historia reciente, o la lejana, como el caso del doctor Negrín que fue rehabilitado 60 años más tarde.

Pues llegado a este punto solo caben dos opciones: callarme y ser cómplice en función de la disciplina y patriotismo de partido o hablar, denunciar y luchar para que los vigueses conozcan la verdad y juzguen en libertad. Me pueden sancionar, expedientar, expulsar, pero no me podrán callar nunca y la verdad, más pronto que tarde, saldrá a la luz, y estas corruptelas con los empleos y los contratos municipales serán juzgadas y rechazadas por los ciudadanos, por los vigueses libres que quieren una ciudad de hombres y mujeres iguales, sin privilegios, sin miedos y sin servilismos.

Recurriré ante la comisión de garantías, y como vivimos en un estado de derecho usaré todos los instrumentos constitucionales para garantizar el derecho de todos a conocer las corruptelas y privilegios de las élites que nos gobiernan y que se tapan mutuamente sus miserias.

La prensa se hace eco 6

Aquí tienen una lista con los distintos artículos que se han publicado en muy diversos medios en las últimas horas haciéndose eco de mi respuesta al último intento de la agrupación del PSdG-PSOE de Vigo de silenciarme. A ver si conseguimos que se conozca la verdad de una vez por todas y animar el muy necesario cambio para el próximo 24 de mayo de 2015 y sanear la vida política y pública, no sólo de Vigo sino de otros muchos lugares.

Carlos Príncipe denuncia los «enchufes» de la hermana y tres cuñadas de Carmela Silva ( La Voz de Galicia)

Príncipe señala a Carmela Silva en el centro de una trama de enchufes en el Concello (La Voz de Galicia)

Príncipe pide que se investiguen casos de ´enchufismo´ de familiares de Carmela Silva (La Opinión de A Coruña)

Príncipe pide al PSOE que investigue una supuesta trama enchufista de Caballero (El Correo Gallego)

Príncipe pide crear una comisión que investigue una supuesta “trama organizada” de “enchufismo” en Ayuntamiento de Vigo (20 Minutos)

Príncipe pide investigar casos de ‘enchufismo’ de familiares de Carmela Silva (La Región)

Príncipe pide que se investiguen los casos de “enchufismo” de Carmela Silva en Vigo (El Ideal Gallego)

Príncipe pide investigar casos de ”enchufismo” de familiares de Carmela Silva en Vigo (El Progreso)

Príncipe pide investigar casos de ´enchufismo´ en el Concello (Faro de Vigo)

Príncipe denuncia una “trama de enchufismo” en el Ayuntamiento de Vigo(EL PAÍS)

Príncipe pide crear una comisión que investigue una supuesta “trama organizada” de “enchufismo” en Ayuntamiento de Vigo (lainformacion.com)

Carlos Príncipe acusa de enchufismo a Carmela Silva (RTVG – Telexornal Mediodía)

Príncipe pide investigar casos de ”enchufismo” de familiares de Carmela Silva en Vigo (Agencias – De Luns a Venres – Galiciae)

Príncipe pide investigar casos de ”enchufismo” de familiares de Carmela Silva en Vigo (Axencias – De Luns a Venres – Galiciae versión en galego)

Príncipe pide crear una comisión que investigue una supuesta “trama organizada” de “enchufismo” en Ayuntamiento de Vigo (La Vanguardia)

Príncipe pide crear unha comisión que investigue unha suposta “trama organizada” de “enchufismo” en Concello de Vigo (Europa Press)

O exrexedor de Vigo pide unha comisión que investigue unha trama organizada de enchufismo no concello (NoticieiroGalego.com)

Príncipe destapa una supuesta red de enchufismo en torno a Abel Caballero (ABC)

Príncipe señala a Carmela Silva en el centro de una trama de enchufes en el Concello (WN.com)

Príncipe pide que se investiguen los casos de “enchufismo” de Carmela Silva en Vigo (DiariodeFerrol.com)

Príncipe denuncia una trama organizada de enchufismo en Vigo (Libertad Digital)

Prí­ncipe denuncia una “trama de enchufismo” en el Ayuntamiento de Vigo (Iberoamerica.net)

He aquí mi respuesta 13

RESPUESTA AL PLIEGO DE CARGOS RECIBIDO 31/07/2014

D. Carlos Alberto González Príncipe, afiliado al Partido Socialista Obrero Español (agrupación Municipal de Vigo), comparece y como mejor proceda a su derecho

DICE

Que en fecha 31/07/2014 he recibido notificación mediante Burofax nº NB00025056181 de pliego de cargos por el que se califica como falta muy grave y se me conceden 10 días hábiles para responder. Que por medio del presente escrito, dentro del plazo de 10 días hábiles concedido al efecto y de conformidad con las demás normas del procedimiento aplicables, formulo las siguientes

ALEGACIONES

Primera: que en el caso que nos ocupa, la Comisión Ejecutiva Municipal del PSdG-PSOE y los instructores (Isabel Juncal P. y J. José G. Costas), no han aportado pruebas de que concurran circunstancias que determinen mi culpabilidad, por el contrario, indicar que he contestado y aportado todos los datos requeridos por los instructores del expediente, presentados dentro de plazo, y que contienen todos los fundamentos necesarios para demostrar todas y cada una de mis afirmaciones. En todo caso aprovecho la ocasión para aportar nuevas pruebas que acreditarán, apuntalarán y demostrarán mis acusaciones iniciales.

Segunda: deseo alegar un defecto de forma y la evidente indefensión en la que me encuentro. Es público y notorio que cualquier procedimiento ha de tener unos plazos, en su funcionamiento y resolución, y en el caso de la agrupación del PSOE de Vigo, no existe el menor respeto a los plazos, en comparación con los plazos reglamentarios que suelen emplearse en el procedimiento administrativo o en los ámbitos de la justicia ordinaria.

El expediente se inicia el 28 de octubre de 2013, y estimo oportuno señalar que no se me facilitó una copia del acta con la votación nominal de las personas integrantes del órgano que adoptó la resolución, así como los miembros de dicho órgano que votaron en contra o los que se abstuvieron.
Añadir además que en mi recurso de reposición y proposición de prueba, impugno a los instructores, unos de ellos, concretamente el señor secretario, ha sido beneficiario de un contrato de la contrata municipal encargada de la limpieza, suministro y mantenimiento de los contenedores empleados por el Concello de Vigo. Su empleo se formalizó, cuando el mencionado señor estaba aún afiliado al PSOE, partido que posteriormente abandonó para participar en la vida política con el otrora alcalde don Manuel Soto Ferreiro.

Es una farsa indigna, que alguien que a su vez fue enchufado, pueda juzgar a los que denunciamos los enchufes. Como prueba debería pedirse la nómina de la empresa y ver cuantos familiares directos o indirectos del señor secretario, ex-tránsfuga del partido político PROVI, siguen trabajando con cargo a la contrata municipal. Sería una manera adecuada y transparente de proceder que, por desgracia, desconfío no va a concretarse. Afirmo que son más de dos personas y alguna de ellas en un puesto de máxima responsabilidad.

Por ultimo señalar que han pasado desde el 16 de noviembre 7 meses y 15 días en que se ha obviado cualquier respuesta, que en la ley de procedimiento administrativo se limita a 2 meses.

Tercera: Alego que hay una total ausencia de argumentos de fondo.

La primera imputación que se me hace es que denuncié en agosto de 2013, exactamente el día 31, irregularidades en la contratación de obras y servicios del Ayuntamiento de Vigo. Pues bien lo que debería haber hecho una dirección política responsable y decente sería investigar si la afirmación que se hacía era cierta o no.

Desgraciadamente, para vergüenza del PSdG-PSOE de VIGO y para deshonra del Concello de Vigo, mis denuncias resultaron ciertas.
Como prueba de que lo que decía era cierto recordar que el 18 de febrero irrumpieron agentes de Policía en las dependencias de limpieza, jardines y fomento. Los concejales titulares son los señores Ángel Rivas y David Regades. Sus despachos, por primera vez en la historia, fueron registrados, incautándose abundante documentación y material informático en relación con dos empresas al menos, Eiriña y CESPA.

La sospecha de que algo huele mal, es que el propio Ayuntamiento de Vigo ha paralizado el concurso para adjudicar de nuevo el mantenimiento de las zonas verdes que desempeña CESPA, y la empresa Eiriña ha cambiado de nombre tal y como anuncié en mi página web con anterioridad.

Solicito que se pida certificación al juzgado número 8 de Vigo sobre todo lo anterior y así mismo se pida al juez decano de Vigo certificación de si a día de hoy se están instruyendo más causas por posible prevaricación en el Concello de Vigo desde 2007 hasta nuestros días, periodo de gobiernos presididos por el señor don Abel Ramón Caballero Álvarez.

En relación con el enchufismo, declaraba 22 casos con nombres y apellidos. Mantengo todas las afirmaciones que ustedes mismos dan por ciertas, pero veo que en vez de corregir esa desviación de poder que supone el enchufismo y el nepotismo, el equipo de Abel Caballero se obstina en mantener prácticas moralmente reprobable y administrativamente dudosas.

Como se puede comprobar en documento adjunto la empresa IMESAPI, certifica que a partir de 2008, concretamente el 23 de junio de ese año, tiene en nómina y dada de alta en la Seguridad Social a la afiliada doña Vanessa Falque.

Reconoce la empresa IMESAPI que la citada trabajadora trabaja y cobra por prestar sus servicios en el marco del contrato para atender los centros cívicos dependientes del Ayuntamiento de Vigo. La concesión de ese contrato fue una decisión municipal, y se paga con fondos públicos contemplados en los presupuestos municipales de Vigo.

Primera prueba evidente, la señora Falque es cuñada de doña Carmela Silva Rego, que en 2008 ostentaba la condición de concejala del Concello de Vigo por designación directa de su alcalde , el señor Abel Caballero. La señora Silva, en junio de 2008, cuando entra a trabajar su cuñada en la contrata municipal, era además portavoz del grupo socialista en el senado de España, y destacada dirigente de la agrupación socialista de Vigo.

Para ilustrar más las prácticas desvergonzadas que la gente decente condena, recurran al artículo publicado en mi web el 12 noviembre de 2013 y comprobarán que las hermanas de Vanessa Falque también fueron contratadas en los programas de empleo del Concello de Vigo, me refiero a Sonia María y María Francisca Falque Barral. Incluso la hermana sanguínea de doña Carmela Silva, María Josefina Silva Rego, fue contratada por FCC.

Se demuestra pues que lo que digo es cierto, hay una trama organizada, no por casualidad, destinada a favorecer con empleos financiados con dinero público a familiares directos de dirigentes socialistas del clan del señor Abel Caballero.

Además, al menos en el caso de Josefina Silva Rego en FCC y en el caso de Vanessa Falque Barral podríamos estar ante lo que se llaman empleos ficticios. Un empleo ficticio es aquel en que se cobra por algo distinto al trabajo para lo que uno está contratado. En el caso de Vanessa y Josefina no se ha podido acreditar su presencia en sus lugares de trabajo.

En relación a doña Vanessa Falque, solicito en primer lugar que se llame a declarar al responsable local de Vigo de IMESAPI desde 2008 hasta 2012. Asimismo, solicito tomar declaración a las compañeras que figuran en la misma relación adjunta: Rosa Bareandela Vázquez, Susana Bernárdez Fernández, Tamara Cazorla Silva, María Asunción Pérez González y Patricia Villar Posada. Estas personas certificarán la presencia o no de la señora Falque en el lugar de trabajo mientras cobraba la percepción estipulada por el contrato de atención al público de los centros cívicos dependientes del Concello de Vigo y que gestionaba la concesionaria IMESAPI.

Respecto a doña María Josefina Silva Rego, y con independencia de la situación de ILT y modificaciones de contrato, el comité de empresa de FCC debe ser llamado a declarar para atestiguar si estaba ausente en periodos coincidentes con efervescencia político-electoral y no se encontraba en su jornada laboral en las oficinas de FCC. En esos mismos días se podía localizar a doña Josefina en la sede socialista de Vigo, Urzaiz 180-1.

En ambos casos, el dinero municipal debía pagar trabajo municipal y cabe la razonable duda de pensar que pudo usarse para pagar servicios no municipales, como pueden ser la necesaria atención a los aparatos electorales y administrativos de la agrupación socialista viguesa, entre otros menesteres no imputables a las arcas municipales.

En un país como Francia, el ex presidente de la república Jacques Chirac fue condenado por eso, empleos ficticios, mientras era alcalde de París.

Y por último para demostrar la mala fe de los actuales dirigentes de la agrupación socialista de Vigo, que no quieren corregirse en su mala praxis que tantas dudas suscita, adjunto fotocopia presentada por la empresa Manpower el 11 de junio de 2013 en el registro municipal.

La empresa Manpower es la nueva contrata que explota la concesión de servicio de apoyo de consejería y servicios administrativos de los centros cívicos dependientes del Concello de Vigo. Manpower no subrogó a algunas de las personas que estaban en la relación anterior de IMESAPI. La señora Vanesa Falque fue tocada por el dedo de la fortuna, mientras sus compañeras, a pesar de haber ganado en los tribunales la readmisión, siguen en la lista del desempleo.

Llamó mi atención que la persona escogida para coordinar a todo el personal de la contrata que gestiona Manpower es doña María Cruz Castro Goas, antigua trabajadora de Alcampo y que tuvo la suerte de:
• Entre el 01/06/2010 hasta el 01/10/2010 fue la responsable de la oficina de voluntariado del Concello de Vigo. (sin oposición pública)
• Entre el 01/10/2010 y el 01/06/2011 fue orientadora laboral en el programa “Imos Traballar”
• Y entre el 01/06/2012 y el 01/06/2013 trabajó como técnica sin tener la titulación requerida para el Ayuntamiento de Vigo valorando entre otros el programa de banco de tiempo. El concejal del que dependió es el ya conocido Héctor Santos, exsecretario general de la unión comarcal de Vigo de UGT.

La señora Castro Goas mantiene una vinculación personal directa con el expresidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Vigo y exsecretario general de UGT señor Juste.

Yo acuso que un clan dirigido por Abel Caballero está dañando la imagen del PSOE de Vigo en base a contratos y contratas dependientes ahora del ayuntamiento. Decir la verdad como ha quedado acreditado en estas páginas y documentos es un honor. Por tanto pido la apertura de una comisión de investigación por la CENG y CEF para depurar los casos denunciados. La historia pondrá a cada uno en su sitio, yo escojo estar con la gente decente y la sociedad y el partido me lo agradecerán

Por todo lo cual,

SOLICITO:

Que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito y documentos que se acompañan, los admitan y consideren formuladas las alegaciones anteriores, y de acuerdo con nuestros Estatutos, se dicte inmediatamente sobreseimiento y archivo del presente expediente sancionador.

En Vigo, a 12 de agosto de 2014.

** Los anexos citados en el texto sólo se han remitido a la agrupación socialista y no se haran públicos en esta web.

La doble moral 2

Abel Caballero persigue la verdad, pero al final se sabrá la verdad, como acaba de suceder con Jordi Pujol. La doble moral ya no se traga. He tenido conocimiento por los medios de prensa, de una nota de la ejecutiva local de Vigo, presidida por Abel Caballero Álvarez, en la que se me imputan dos faltas graves continuadas para buscar mi expulsión del PSOE.

Vayamos por partes. En primer lugar se me acusa de haber dicho que hay irregularidades administrativas en la contratación de empresas que prestan servicio para el Concello de Vigo. Me temo que esa afirmación, hecha por mí en agosto de 2013, ha sido corroborada por los juzgados de Vigo, la Fiscalía y la propia Policía, que irrumpieron el 18 de febrero de 2014 en los despachos de los concejales socialistas Regades y Rivas buscando documentación sobre los servicios que las empresas Eiriña y Cespa prestan al Concello de Vigo. Por cierto, como consecuencia de esa intervención de los juzgados y Policía, se paralizó la tramitación del pliego de condiciones para realizar el obligado concurso de mantenimiento de zonas verdes, que milagrosamente sigue prestando Cespa en régimen de prórroga cuando el nuevo pliego y el nuevo concierto tendrían que haberse resuelto. Otra cosa, como se podrá comprobar, Eiriña ha cambiado de nombre, al igual que otro gran contratista del Plan E, Movexvial, que cambió su denominación a Civis Global, e incluso cambió de administrador, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía y ser condenado en uno de los juicios de la operación contra el fraude fiscal conocido como las 5 Jotas.

La segunda acusación que realicé, y que mantengo, es que más de 20 personas trabajaron o para el puerto, o para el Concello, o para contratas municipales, reuniendo la común característica de ser familiares de dirigentes del Partido Socialista, casualmente mientras el señor Abel Caballero Álvarez, miembro del PSOE vigués, presidía o el puerto o el Concello. Se dieron datos con nombres, fechas y tipo de contratos. Ni un solo caso ha sido desmentido.

Como pueden ver, estamos pues ante una persecución política contra alguien que quiere y puede decir la verdad. Decir la verdad nos una falta, no es un delito, es una obligación de las personas decentes.

Por último, miente el comunicado de la comisión ejecutiva, la presencia en un acto de un medio de comunicación en la conferencia del vicepresidente de la Xunta de Galicia, cuando se presentó el proyecto de ley del área metropolitana, ya me lo cobraron con dos años de suspensión de militancia, y por cierto, nunca se culminó ese expediente iniciado en 2011, agosto, domingo del Cristo de la Victoria, para más señas. Me temo que pocas lecciones puedo recibir cuando el mismo Abel Caballero y su clan acaban de consagrar un pacto de presupuestos e impuestos con el PP de Vigo. Es decir, Abel Caballero practica la doble moral y la ley del embudo. Cuando se acuesta políticamente con la derecha es una virtud, y si yo asisto a una conferencia, en la que no puedo votar nada y que no tiene efecto alguno sobre los votantes y ciudadanos, sobre todo cuando llevo más de 11 años fuera de la vida pública e institucional, eso según la ejecutiva local del PSOE vigués es una falta grave.

Como verán, estamos ante el penúltimo episodio de una farsa. O el PSdG hace primarias en Vigo, o los vigueses haremos primarias el 24 de mayo de 2015 a la hora de votar en las municipales. La reciente encuesta del CIS me da la razón, después del paro, es la corrupción y sus efectos lo que hace daño al PSOE y a la democracia.

¿No se aburren de intentarlo? 6

Porque no lo conseguirán, no me van a callar. Recibí ayer, día 1 de agosto de 2014, un pliego de cargos correspondiente al segundo expediente que me abrió el señor Abel Caballero y su ejecutiva local del PSOE en Vigo en octubre de 2013.

El expediente se me abrió por denunciar que en el Concello de Vigo se estaban produciendo contrataciones irregulares. La fecha de apertura fue el 28 de octubre de 2013 y como pueden comprobar, vuelven a cometer otra tropelía jurídica al introducir ahora, en este nuevo pliego, hechos posteriores al expediente original. Parece que no les gustaron mis comentarios sobre Eiriña y CESPA, empresas que están siendo investigadas en su relación con el Concello de Vigo y otras instituciones, por el juzgado número 8 de nuestra ciudad. Es más, en el curso de la investigación, la policía irrumpió en los despachos de los concejales Regardes y Rivas. Si querían hacer historia, la hicieron, aunque para vergüenza propia y de todos los vigueses. Es la primera vez que la policía irrumpía en el Concello de Vigo y se llevaba documentación, incluidos ordenador y teléfonos móviles. Desde luego, si investigan no será por mi culpa, sino porque algo no está claro en los servicios que esas empresas prestan al gobierno de Abel Caballero y a la ciudad de Vigo.

En relación a la contratación de personal, denuncié en noviembre de 2013, 22 casos con nombres y apellidos de familiares directos de dirigentes socialistas que han trabajado para el puerto, para el Concello, para ambos o para contratas municipales. A día de hoy, después de casi un año de mi denuncia, no han sido capaces de desmentir ni un solo caso, ni uno.

¿Por qué reactivan ahora este expediente de hace 1 año?, pues porque en Septiembre de 2014 se van a convocar elecciones primarias abiertas para escoger las personas que encabezarán las listas socialistas, en Vigo también, por mucho que a Abel Caballero le pese. Como a Abel Caballero no le gusta y no quiere que haya primarias en Vigo, el señor Caballero hace lo que haga falta para callar cualquier voz discordante con su régimen. Como desde el 28 de marzo de 2014 está acabada mi suspensión de militancia, decretada por un expediente anterior de julio de 2011 y que ellos mismos fueron incapaces de terminar, necesitan otra trampa para impedir que me pueda presentar. Por último, quieren hacer conmigo lo mismo que ya hicieron con Pasqual Maragall, que denunció las comisiones del pujolismo y fue condenado por las élites, pero como ha demostrado el tiempo, Maragall dijo la verdad y tuvo razón. Yo también digo la verdad, no me van a callar y la verdad se terminará sabiendo para vergüenza y escarnio de la sociedad viguesa, que no nos merecemos los apaños y enchufes de Abel Caballero y su clan.

Ya les anuncio que presentaré un recurso con pruebas en los 10 días hábiles que tengo de plazo para contestar al nuevo pliego de cargos. Como no, esa información será publicada en esta web para que todos ustedes tengan acceso a ella y puedan analizarla y hacerse su propia opinión.

Investiguen esto 15

Con fecha 6 de noviembre recibí, mediante burofax, en mi domicilio un escrito firmado por Isabel Juncal Pereira y Juan José García Costas, en el que me dan 5 días para proponer las pruebas en un expediente disciplinario que, supuestamente, me fue incoado por la comisión ejecutiva de Vigo en fecha de 28 de octubre.

Con independencia de que he recurrido el acuerdo de inicio de expediente y nombramiento de instructor y secretario, procedo a responder a vuestra petición, reservándome todas las acciones internas y ante la justicia ordinaria a que tenga derecho, para defenderme de esta cacería política que han montado contra mí y de la que vosotros sois simples testaferros. Para probar mi inocencia, solicito:

  • Se tome declaración a doña Leticia Gallego Sanromán, afiliada a la agrupación de Vigo, hija de don José Manuel Gallego Lomba, para saber si es cierto que está trabajando contratada en el Ayuntamiento de Vigo y si es cierto que ese contrato no se realizó mediante una oferta pública de empleo y el consiguiente concurso oposición. Es evidente que lo que estoy afirmando es correcto.
  • Se tome declaración a doña María Josefina Silva Rego, conocida como “Fina”, hermana de la teniente de alcalde doña María del Carmen Silva Rego, conocida como “Carmela”, miembro de la mesa del congreso de los diputados y diputada por Pontevedra amparada en las siglas de nuestro partido. Deseo saber en qué fecha antes de mayo de 2011 fue contratada directa o indirectamente por FCC. Deseo certificación de acuerdos de junta de gobierno con las sucesivas revisiones del precio que paga el Concello de Vigo por los servicios previstos y no previstos en la concesión que presta para la limpieza viaria y recogida de RSU al Concello de Vigo dicha empresa. En esos acuerdos de la Comisión de Gobierno que se compruebe si ha participado la Señora Silva Rego mientras su hermana figuraba contratada por la empresa concesionaria, aunque estuviera en situación de incapacidad laboral transitoria (baja).
  • Se tome declaración a doña Ana Costas Fernández, esposa del concejal don David Regades. Deseo saber si es cierto que fue contratada del Concello de Vigo entre 2007 y 2011 y ese contrato no fue el resultado de un concurso-oposición. Deseo saber también si con posterioridad a 2011, cuando su marido tomó efectivamente posesión del acta de concejal por nuestro partido, ha desarrollado trabajos para la empresa gestora de los eventos del Auditorio Mar de Vigo, ruinosa modificación de contrato hecha por el señor Abel Caballero. Deseo saber si el señor Regades ha participado en alguna votación, adoptado algún tipo de acuerdo en relación con la concesionaria del Auditorio mientras su mujer trabajaba directa o indirectamente para la contrata o una subcontrata. Es evidente que se ha producido una clarísima mezcla de intereses públicos y privados que dejan en muy mal lugar a la transparencia y la ética del Partido Socialista.
  • Se tome declaración a don Hugo Walden Lerutti, para conocer su vinculación laboral con el Concello de Vigo o alguna de sus contratas y prestar sus servicios laborales en la Casa del Concello.
  • Solicito que se cite y se tome declaración a Erika Jaraiz Gulías, afiliada a este partido, hija de doña Pilar Gulías, segunda esposa de don Carlos López Font, concejal del Ayuntamiento de Vigo. Deseo saber si desempeña desde 2007 el puesto de Gerente de la Mancomunidad de Vigo por decisión de don Abel Caballero Álvarez, compañero y amigo del que fue esposo de su madre, con el voto en contra de los otros miembros de la Mancomunidad de Vigo, por decreto. Deseo saber si como consecuencia, entre otras cosas, de ese nombramiento se produjo una crisis institucional que ha llevado a la Mancomunidad de Vigo a la parálisis. Deseo saber si las retribuciones brutas anuales de esta señora están en la cifra de los 60.000€.
  • Solicito que se cite a declarar a don Francisco J. Pardo Espiñeira, cuñado de doña Carmela Silva Rego y se pida certificación de su contratación como personal eventual desde el 2007 hasta ahora como personal de confianza de la alcaldía.
  • Solicito que se cite a declarar a doña Sonia María y doña María Francisca Falque Barral, cuñadas de doña Carmela Silva Rego y se pida certificación de que fueron contratadas en el año 2008 con cargo a los programas de empleo financiados por la Xunta de Galicia en colaboración con el Ayuntamiento de Vigo, es decir, financiación Xunta contratación Concello.
  • Se cite a doña María Elena Calviño Vázquez, hija de don Julio Calviño que en 2008 era concejal de tráfico y que fue contratada siendo su padre concejal sin concurso-oposición con cargo al mismo programa de promoción de empleo financiado por la Xunta de Galicia.
  • Se cite a doña Ana Belén Louro Páis, sobrina del que fue delegado del gobierno en Galicia don Antón Louro y que fue contratada también en el año 2008 con cargo al mismo programa.
  • Que se cite a don Francisco José Álvarez García, sobrino de don Manuel Rey Álvarez, hombre de confianza y adjunto al secretario de organización don Ángel Rivas. El señor Álvarez García fue contratado a partir del 2007 en el Ayuntamiento de Vigo.
  • Se cite a doña María de los Ángeles Conde Salgado, contratada en 2008 siendo miembro de la comisión ejecutiva local de la que formaba parte el señor Abel Caballero Álvarez.
  • Se cite a don Igor Bahillo Elespp, hijo de don Alejandro Jesús Bahillo, exdiputado en el Congreso por la provincia de Pontevedra y afiliado al PSOE. El hijo del señor Bahillo tuvo una especial suerte, fue contratado por el Puerto de Vigo siendo don Abel Caballero Álvarez presidente de la Autoridad Portuaria, en los órganos de selección estaba presente don Carlos López Font y no se realizó oposición. Posteriormente ganó las oposiciones de ayudante de oficios con nombramiento publicado en el DOGA de 1 de junio de 2012. Es notorio que en el puerto había sido contratado con categoría de técnico y aquí se presentó al nivel más bajo de la escala laboral ayudante de oficios, pero afortunadamente el mismo día de su incorporación al puesto de trabajo, fue destinado en comisión de servicios a la gerencia de urbanismo en vez de ir al servicio de Vías y Obras. Es público y notorio que su padre, Jesús Bahillo, además de militante del PSOE, es un tertuliano fiero y fiel apoyo de las políticas “caballeristas” e incluso, como director del club financiero, se destacó como un importante portavoz del señor Caballero, y su rotundidad en el apoyo coincide en las fechas con la contratación de su hijo.
  • Se cite doña Evelina Ramos Hernández, para comprobar que fue contratada en la Autoridad Portuaria de Vigo antes de 2007 cuando era presidente del puerto don Abel Caballero Álvarez, en programa financiado por Consellería de Traballo de gobierno bipartito.
  • Se cite a doña Julia López Vázquez, representante y directiva en Galicia de la empresa SAMYL para confirmar si le fue adjudicada la obra para realizar el parque pirata en Castrelos, coincidiendo en el tiempo con su presencia como portavoz de la ejecutiva local del PSOE presidida por don Abel Caballero Álvarez.
  • Se cite a doña Patricia Rodríguez Calviño, contratada en el Concello de Vigo y miembro de la ejecutiva local del partido presidida por don Abel Caballero Álvarez.
  • Se cite a don Francisco Javier Valverde, afiliado al Partido Socialista y conocido como uno de los más serios apoyos electorales internos en la agrupación de Vigo del señor Abel Caballero Álvarez, para comprobar que el 1 de agosto de 2011 firma, sin concurso previo, un contrato de arrendamiento de la cafetería restaurante y terraza del Pazo de Congresos Mar de Vigo, concesión municipal, contrato que se hizo sin concurso público.
  • Se cite a don Pedro Borrajo, exdelegado provincial de la Consellería de Traballo en Vigo y destacado militante de la agrupación socialista de A Guarda, exdiputado autonómico, para que confirme que su familiar Magali Rodríguez González fue contratada en el Puerto de Vigo sin oposición siendo don Abel Caballero Álvarez presidente de la Autoridad Portuaria, coincidiendo con programas de empleo en el puerto financiados por la Consellería de la que él mismo era delegado.
  • Que se cite a don Ángel Rivas, para que aclare si la denuncia formulada por los sindicatos del Puerto es cierta referente a la contratación de su hija Alba María, cuando él era miembro designado por la Xunta de Galicia, presidida ésta por don Emilio Pérez Touriño, de la Autoridad Portuaria de Vigo de la que era presidente don Abel Caballero Álvarez. Es también necesario citar a don Santos Héctor, concejal de empleo, secretario general del comité provincial del PSdG-PSOE de Pontevedra para indagar cual es la relación familiar, si es que la hubiere, con Belén P. Freire, contratada  en el mismo departamento de empleo en la planta cuarta de la casa consistorial, que con tanta eficacia dirige el antiguo secretario general de la UGT comarcal de Vigo. Así mismo, se pregunte a don Santos Héctor si se ha realizado concurso público para seleccionar como asesor externo, para los pleitos en materia laboral a don Daniel del Valle Corrochano, afiliado desde 2008 a la agrupación socialista de Vigo, coincidiendo en el inicio de su prestación de servicios a nuestro Concello. Según informaciones de los servicios económicos municipales, este querido compañero ha  facturado por sus servicios más de 300.000 en este período de tiempo, y sería bueno saber cuántos pleitos ha ganado para el Concello, este militante que acompaña a Abel Caballero en algunas listas internas de nuestra agrupación.
  • Podría seguir enumerando más casos en los que se demuestra algo que dicen los jóvenes de nuestra ciudad castigados por el paro: conseguir empleo no depende de tus méritos, más bien de a quién conoces. Desgraciadamente los empleos pagados con recursos públicos en la Autoridad Portuaria y después en el Concello de Vigo, han recaído sospechosamente en personas del ámbito de relación política de don Abel Caballero, incluyendo algún exconcejal de pueblos próximos a nuestra ciudad que no cito pero que, si ustedes quieren, puedo sacar la lista completa. Por prudencia no he mencionado los familiares directos o indirectos de la instructora y el secretario que me quieren enjuiciar, pero también están entre la lista de agraciados con el premio de un trabajom o bien en su momento en el Puerto de Vigo, o bien en el Concello o bien en una contrata municipal. Hay algún caso de una persona, al menos, que primero estuvo en el puerto, después en el Concello y por último en una contrata que trabaja para el Ayuntamiento de Vigo. Eso una vez, dos veces, tres veces, como la lotería, puede ser, pero cuando la suerte se repite y se acercan al centenar, es que hay un plan predeterminado para buscar empleo a personas próximas que, a lo mejor no es ilegal, pero en una ciudad de más de 30.000 parados es inmoral que lo haga el PSOE, máxime cuando acabamos de aprobar en la conferencia política un código de conducta que sanciona al enchufismo, y máxime cuando nuestro partido en Ourense ha conseguido sentar en el banquillo al presidente de la diputación por prácticas clientelares.
  • Se cite a don Ángel Rivas, concejal liberado del Ayuntamiento de Vigo desde Julio de 2012 para preguntarle si hasta junio de 2011 simultaneó su cargo de concejal y miembro de la comisión de gobierno con la de director de la empresa Hormigones Valle Miñor. Si es cierto, como denunciaron los periódicos Atlántico, Voz de Galicia y Faro de Vigo, con fotos que les puedo mostrar cuándo me las soliciten, que su empresa suministraba el hormigón a la inmensa mayoría de las empresas a las que él, como miembro de la comisión de gobierno, adjudicaba las obras de reformados de calles y aceras contempladas en el Plan E. No es éticamente admisible que alguien adjudique por la mañana una obra a Construcciones Eiriña, por ejemplo, o a Movexvial o a tantas y tantas, y después les suministre material para esa misma obra. El código ético que acabamos de aprobar no tolera estos comportamientos, y por algo será que cuando la prensa descubrió el pastel el señor Rivas tuvo que dejar de simultanear su función de administración contratante (Concello) y la de suministrador del hormigón. Por lo tanto durante años con el señor Caballero al frente no se quiso ver ni saber lo que la gente en la calle decía, que un concejal nuestro era el suministrador de hormigón de la ciudad, y por decir la verdad no se puede sancionar a nadie.

Tengo a disposición de todos ustedes más datos, con nombres y apellidos, y he sido tan leal que primero lo denuncié en las asambleas del partido y ustedes se rieron de mí. Después, cuando tuve conocimiento de una trama oscura de afiliaciones que me fue denunciada por un antiguo simpatizante llamado coloquialmente “Julio el Uruguayo”, puse a esa persona y lo que yo sabía hasta entonces en conocimiento del secretario de organización de Galicia, incluso de la utilización de cuentas para pagar las cuotas en Caixanova con números correlativos y en las que el señor uruguayo insistía que él no depositaba un céntimo. Di cuenta de irregularidades parecidas a la comisión de garantías. No entiendo cómo me quieren sancionar por decir simplemente la verdad que es la primera obligación, ya no de un militante socialista, sino de las personas decentes. Quedo a su disposición para todo lo que deseen, y créanme, en vez de matar al mensajero lo que hay que hacer es acabar con prácticas oscuras como recomienda el código ético que acabamos de aprobar en la conferencia política del partido. Me reservo seguir documentando más casos a lo largo del expediente.