Segundo intento

A LA COMISIÓN FEDERAL DE ÉTICA Y GARANTÍAS:

CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRÍNCIPE, de las circunstancias personales que constan en el expediente JRF/JP 14/2014, con domicilio, a efectos de notificaciones, en Vigo, calle , número , piso comparece y EXPONE:
Que se le ha notificado la Resolución de fecha 23 de diciembre de 2.014, adoptada en el Expediente de referencia en la que, en aplicación del Artículo 46 y de los arts. 49 y 50 del Reglamento de Afiliados, se resuelve la Expulsión del Partido.
Que con posterioridad a la notificación de la Resolución, se le ha remitido por correo electrónico copia íntegra del expediente, y a la vista de su contenido, por medio del presente escrito, formula RECURSO contra la Resolución antes indicada (Artículo 70), ante esa Comisión, conforme a las siguientes:
ALEGACIONES:

I.- La democratización interna de los partidos políticos es un requisito ineludible para un correcto funcionamiento de nuestro sistema político. No sólo porque lo diga el art. 6 de la Constitución, sino porque, en caso contrario, se corre el riesgo de que el ciudadano se desen-cante definitivamente del instrumento “partido” y no tengamos modelos alternativos, al me-nos, en sentido democrático.
A pesar del recurrente comentario sobre la crisis de los partidos, siguen constituyendo el mecanismo asociativo más adecuado para canalizar la pluralidad política de la sociedad y para estructurar democráticamente los órganos de poder político del Estado.
De aquí la necesidad de seguir profundizando en la democratización interna de los partidos y en la plena vigencia en el interior de los mismos de los derechos constitucionales de sus afiliados, ya que constituyen el momento inicial del proceso de participación política democrática.
Esta necesidad de democracia interna ha estado presente desde la aparición de los partidos de masas pero la burocratización en los partidos se ha ido consolidando durante el siglo XX, y en la actualidad el mero afiliado ha pasado a un segundo plano frente a los cargos públicos (muy numerosos en los grandes partidos) y a la actividad mediática de los dirigentes frente a la antigua militancia basada en el compromiso cotidiano.
Los partidos cada vez están más alejados de la sociedad, con sus mecanismos internos de acceso no precisamente democráticos, llegando a la cúspide sólo personas que han pasado toda la vida en el partido, con la socialización política adecuada para ascender en la burocracia partidaria, pero sin experiencia directa de lo que ocurre fuera.
Probablemente los partidos no lleguen nunca a una democratización completa, pero siempre hay que propugnar esa meta y garantizar en su interior el ejercicio de derechos constitucionales por sus afiliados.
La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, supuso un avance mí-nimo con respecto a la Ley 54/1978 y un desarrollo, muy limitado, de lo dispuesto en el art. 6 CE .
Un elemento inevitable en todo partido con un mínimo de estructuración y militancia es la formación de diferentes corrientes o tendencias de opinión en las que se agrupan afiliados que, compartiendo el ideario del partido, mantienen posturas comunes ante determinados temas fundamentales en el posicionamiento de la organización política.
Las corrientes de opinión, además de inevitables, contribuyen a la vitalidad del partido, reflejando su pluralidad interna. El riesgo es que eso dé lugar a la formación de auténticos partidos dentro del partido, lo que debe evitarse con una regulación interna dirigida a establecer la aceptación expresa de las decisiones finales de los órganos del partido.
Partiendo de lo anterior, hay que decir que si se predica de los partidos la democracia interna, como hace nuestro art. 6 CE, parece difícil evitar que grupos de afiliados se reúnan periódicamente, para opinar y para reforzar sus puntos de vista ante debates trascendentales que se produzcan en su organización.
Una actividad represiva hacia estas corrientes de opinión puede suponer un menoscabo de los derechos constitucionales de los afiliados (reunión, expresión).
La exigencia constitucional de un funcionamiento interno democrático (art. 6 CE ) y la financiación pública (LO 8/2007, de 2 de febrero, sobre financiación de los partidos políticos) debe conllevar la plena vigencia en el interior de los partidos políticos de los derechos fundamentales que componen el Estado democrático en España, es decir, de todos aquellos derechos y libertades del Título I que puedan ejercerse en el seno de un partido por directa imposición del art. 6 CE y no condicionados a su mero reflejo en la Ley que desarrolle el artículo constitucional o en los Estatutos del partido.
La LOPP obliga a los Estatutos de los partidos a “prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos” (art. 7.5).

II.- Los partidos políticos, al estar obligados constitucionalmente a tener una estructura interna y un funcionamiento democráticos y a permitir la plena vigencia de los derechos fundamentales en su seno, han de respetar, en el plano procedimental, los derechos constitucionales consagrados en los artículos 24 y 25 CE , ya que a pesar de que el TC los ha referido a los procedimientos judiciales (SSTC 26/1983, de 13 de abril, 197/1988, de 24 de octubre) y al Derecho sancionador (SSTC 69/1983, de 26 de julio, 96/1988, de 26 de mayo, 239/1988, de 14 de diciembre), respectivamente, nada impide su aplicación analógica en una organización que por mandato constitucional ha de ser democrática, como, por otra parte, ha admitido el TS incluso para las asociaciones comunes antes de la LODA y los tribunales inferiores han aplicado más recientemente a los partidos políticos.
Los Estatutos de los partidos, en aplicación del art. 24 CE, han de recoger con claridad, además de lo previsto en la LOPP, los derechos de los afiliados a aportar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a la presunción de inocencia, a la prohibición de la indefensión y a ser tramitado su expediente sancionador por un órgano imparcial interno predeterminado contra el que quepa recurso interno.
La adecuada regulación de la expulsión del partido, en sus formas y sus causas, es la garantía de cierre del estatuto jurídico del afiliado, porque asegura el presupuesto previo para el ejercicio de las demás garantías; es decir, la permanencia del individuo en el grupo.
La definición de los actos u omisiones que pueden dar lugar a las sanciones ha de ser clara y precisa, sin la utilización de términos que permitan la depuración ideológica del partido al margen de los cauces estatutarios, evitando términos que por su vaguedad constituyen lo que puede denominarse como leyes penales en blanco, es decir, expresiones que, por su carácter favorecedor de la discrecionalidad permiten resultados absolutamente opuestos como puede ser la ausencia de sanción a determinados cargos partidistas involucrados en negocios turbios (hasta que los medios de comunicación informan de los mismos a la opinión pública) o la imposición de sanción a discrepantes ideológicos con los que no se quiere correr el riesgo de un enfrentamiento político directo y se busca una “mala” conducta. Así no es nada precisa la definición de expresiones como las de faltar “al programa, a los acuerdos o resoluciones”, “deslealtad al Partido”, “actos de indisciplina”, etc.

III.- En un partido político, el control sobre la democracia interna corresponde, en pri-mer lugar, a la jurisdicción civil al ser un tipo de controversias entre particulares, conforme a lo dispuesto en el art. 9.2 LOPJ y por aplicación supletoria de la LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, en virtud del juego de las Disposiciones Finales Primera y Segunda de esta última ley.
La doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Su-premo, establece la no intromisión de los tribunales de justicia en los temas internos de los partidos políticos salvo que la privación de cualquier derecho o cualidad del afiliado como medida extrema sancionadora que se puede adoptar en cualquier movimiento asociativo debe revestirse de un mínimo de garantías y encontrar razonable fundamento en una causa estatutariamente prevista y no arbitrariamente aplicada.
El control jurisdiccional de las expulsiones “no consiste en que el Juez pueda entrar a valorar, con independencia del juicio que ya han realizado los órganos de la asociación, la conducta del socio, sino en comprobar si existió una base razonable para que los órganos de las asociaciones tomasen la correspondiente decisión” (STC 218/88).
El control jurisdiccional, menos intenso en los aspectos sustantivos que en los proce-dimentales, deberá ceñirse, pues, a determinar si la decisión carece de toda razonabilidad a la luz de las disposiciones legales y estatutarias aplicables.

IV.- El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, constitucionalizado en el artículo 24 de la Constitución Española y ejercitable en cualquier tipo de proceso e inseparable del derecho mismo a la defensa, es un derecho de configuración legal como afirman las sentencias 263/2012, de 25 de abril, y 485/2012, de 18 de julio, reiterando la 782/1007, de 10 de julio, y la 842/2010, de 22 de diciembre.
La jurisprudencia ha entendido que la aplicación de las garantías procedimentales ha de producirse en todo proceso disciplinario partidario, al margen de lo dispuesto en las Leyes y en los propios Estatutos del partido.
Así, ya desde 1982, la Audiencia Territorial de Madrid consideró que, al margen de lo dispuesto en las leyes y en los Estatutos, no cabe la expulsión de un militante sin darle audiencia, sin procedimiento alguno y, en definitiva, de plano, en contra de los principios más elementales que presiden todas las técnicas sancionadoras, tanto punitivas y administrativas como aquellas que se prevén en ordenamientos de régimen interno que circunstancialmente se publiquen recogidos en el art. 24 de la Constitución y en la sentencia de 8 de junio de 1981 del Tribunal Constitucional.
Por su parte, la sentencia de 18 de marzo de 1982 también de la Audiencia Territorial de Madrid señala que las resoluciones examinadas “carecen de los requisitos procedimentales y formales imprescindibles para otorgarles el valor de acto o declaración de voluntad con trascendencia jurídica por la quiebra absoluta de los más elementales condicionantes exigidos por el derecho sancionador•.
La expulsión de un partido debe reunir las mínimas condiciones formales exigidas por los estatutos, pues, en caso contrario, habría una simple apariencia externa de acuerdo, un no acto, carente de los requisitos de validez precisos.
El TS ha declarado nulos los expedientes disciplinarios realizados con infracción de las normas partidarias internas.
Como declara la STS de 12 de mayo de 1998 y también, la SAP de Madrid de 27 de mayo de 2003 (FD 3): “En este sentido no es que sea la Sala la encargada de valorar los cargos que se le imputan, que no es el caso ni la misión de la misma, es que la función de los Tribunales en estos casos es de determinar si en la resolución de los expedientes se han observados las mínimas garantías que permitan el derecho de defensa de una forma eficaz de los expedientados y es evidente que el mismo, junto con la presunción de inocencia se han vulnerado en las resoluciones, en ninguna de las cuales aparece por cierto un relato de hechos acreditados de los que pueda inferirse la existencia de infracción disciplinaria, sino que se dan por supuestos determinado hechos y sin consignar cuáles sean se acuerda la sanción de expulsión. En este sentido lo que parece latir en las resoluciones es que no es necesario dar a conocer a los expedientados los hechos que basan su sanción por cuanto los mismos les son conocidos, la realización de actos de contracampaña, y pueden defenderse de ellos”.
El sancionado ha de tener el derecho a conocer el motivo exacto de la acusación que se le imputa y ello no puede depender de la notoriedad externa de los hechos de que se le acusa.
La AP de Guadalajara dice que: “los principios que rigen el derecho penal son extra-polables por regla general al ámbito sancionatorio administrativo, entre cuyos principios se encuentra, como garantía del administrado, el acusatorio, el cual ha de entenderse en el sentido de que la sanción que haya de imponerse debe venir delimitada en su aspecto fáctico por lo recogido en el pliego de cargos, que, de esta forma, actúa a modo de calificación definitiva, con la misma instrumentalidad que ésta tiene en el juicio oral (STS 30-6-86), de parecido tenor, STS Sala de lo Contencioso-Administrativo Sec. 7ª 23-3-1998, que señala que es el pliego de cargos, en cuanto implica el ejercicio de una pretensión sancionadora, el equivalente a los escritos de calificación del proceso penal ordinario” (SAP de Guadalajara, n. º 6/2006, de 13 de enero, FD 6).

V.- NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO, POR FALTA DE APORTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA DE LOS HECHOS OBJETO DE LA SANCIÓN:
Existe un aforismo eterno del Derecho que dice: “Lo que no está en los autos no está en el mundo”.
Lo que está fuera del procedimiento no existe.
Ese viejo aforismo jurídico viene a significar que todo el contenido utilizado en una causa judicial, bien sea para acusar, defender o juzgar, debe encontrarse dentro de las propias actuaciones judiciales. Evidentemente, el mismo principio es aplicable a todos los procedi-mientos, en este caso a los expedientes disciplinarios.
Se ha de recordar que el expediente constituye una reproducción de unos hechos que no han tenido lugar ante la presencia del órgano que resuelve. Esta reconstrucción permite resolver según lo alegado y probado por las partes (“Secundum allegata et probata”).
La Resolución debe de abstenerse de introducir transcripciones que no tengan un exacto y cabal reflejo en medio de prueba unidos al expediente, de suerte que ha de considerarse, según la máxima citada, que “lo que no consta en los autos no está en el mundo”.
Lo cierto es que el expediente debe contener los datos necesarios para que, en base a ellos, Y SOLO A ELLOS, de adopten en su momento las resoluciones correspondientes, ya que no sería constitucionalmente admisible que estas se elaborasen haciendo referencia a pruebas o informaciones no incluidas en el expediente.
En el fondo, lo que pudiera interpretarse como un formalismo o una burocracia es, en realidad, una garantía para los ciudadanos.
Solo se puede resolver conforme a lo que conste en los autos, con las pruebas unidas al procedimiento.
Sorprendentemente en el expediente, o al menos en el que se ha remitido, no se ha unido ningún medio probatorio documental, limitándose a consignar en el Pliego de Cargos y en la Resolución recurrida, supuestas manifestaciones, cuya autenticidad carece de todo apoyo probatorio, ya que ni siquiera se han unido copia de los ejemplares de los periódicos en los que se dice se realizaron las manifestaciones objeto de sanción.
Tampoco se practicó como medio de prueba ninguna declaración.
En definitiva, el expediente disciplinario tramitado en virtud del cual se ha dictado la resolución que ahora se recurre se encuentra, por tanto, VACÍO de cualquier medio de prueba, por lo que en definitiva la resolución que es objeto de este recurso resulta legalmente nula al carecer de cualquier apoyo probatorio.
Por lo expuesto,
SOLICITA: Se tenga por formulado Recurso contra la Resolución objeto del mismo y, estimándolo, se deje ésta sin efecto, y se declare la nulidad del procedimiento por manifiesta indefensión al carecer el expediente de prueba lícitamente practicada en relación a lo hechos que son objeto de sanción.

Vigo, para Madrid, a 27 de enero de 2.015.

Ni por estas 5

Los vigueses tienen derecho a la verdad.

El 31 de julio de 2011 se inicia un expediente disciplinario contra mí que, injustamente, ha supuesto la privación de mis derechos básicos como afiliado del PSOE desde marzo de 2012.

De aquel expediente inicial nada se dice en las ocho páginas que he recibido el día 2 de enero de 2015 para comunicarme mi expulsión del PSOE después de más de 30 años como militante. Ni tan siquiera se menciona la presentación que hice, en marzo de 2012, de un desayuno informativo con el tema del área metropolitana de Vigo en que actuaba de ponente el Sr. Rueda. Basándose en tales hechos, el 29 de marzo de 2012, se me suspende de militancia sin que desde ese día, a pesar de pagar mis cuotas, se me hayan devuelto mi derecho a voto y participación en las asambleas y órganos del partido. El tiempo máximo de suspensión preventiva de militancia, según nuestros estatutos, no puede superar los dos años, es decir, desde abril de 2014, tiempo de primarias, se ha mantenido ilegalmente mi suspensión de militancia a pesar de haberlo denunciado.

La resolución final responde a un segundo expediente que se me abre en octubre de 2013 por haber denunciado públicamente, y lo asumo, que hay una red de empleos en planes municipales y en contratas del Ayuntamiento de Vigo que está siendo utilizada por Abel Caballero y su grupo para controlar el partido socialista en Vigo y practicar el enchufismo y el clientelismo político que el PSOE dice combatir de acuerdo con nuestro código ético.

Todas las afirmaciones que he hecho son ciertas, y el único argumento que se me da es que uno de los enchufadores dice que todo se hizo de acuerdo con la legalidad, me refiero al señor López Font y como prueba: su relación familiar con la madre de Erika Jaraiz Gulias, cuyo nombramiento a dedo y unilateral por el Sr. Abel Caballero llevó a la agonía y el abandono a la mancomunidad de municipios del área metropolitana de Vigo que tuve el honor de fundar en 1993 y que hoy está en vías de liquidación.

Las denuncias que hice públicamente en diarios de la comunidad autónoma de Galicia sobre el mal uso de los contratos públicos en el Ayuntamiento de Vigo merecieron dos procedimientos de investigación que permanecen abiertos, uno conocido como la operación Patos, pendiente de estudio, y otro la operación aceras-Rivas-hormigones, en la que un juzgado de instrucción, por denuncia de la fiscalía territorial de Vigo, imputa al concejal Rivas por prevaricación y trato de favor a la empresa para la que trabajaba, Hormigones Valle Miñor, en relación al suministro de hormigón a algunos contratistas municipales que se han adjudicado más de 140 millones de euros en aceras, básicamente hormigón y granito.

Todo esto que dije públicamente, lo dije primero en privado: al secretario de organización, en su momento, de Galicia, en las asambleas del partido hasta que no me dejaron acceder y después a las sucesivas direcciones federales y a las sucesivas comisiones de garantías, con escritos de los que guardo copia, incluso con una carta manuscrita al actual Secretario de Organización y al actual Secretario General de Galicia. Es más, como consecuencia de mis denuncias la fiscalía de Vigo inició la investigación del caso aceras-Rivas-hormigones. En todo este tiempo el Partido Socialista en Vigo, en Galicia y en Madrid miró para otro lado y se tapó la nariz, a pesar del código ético en vigor de nuestro partido. Estamos por lo tanto ante un caso claro de ocultación de la verdad, de negación de la realidad de los hechos y siempre que el PSOE ha hecho eso, hemos terminado mal y pidiendo perdón. Recordemos la historia reciente, o la lejana, como el caso del doctor Negrín que fue rehabilitado 60 años más tarde.

Pues llegado a este punto solo caben dos opciones: callarme y ser cómplice en función de la disciplina y patriotismo de partido o hablar, denunciar y luchar para que los vigueses conozcan la verdad y juzguen en libertad. Me pueden sancionar, expedientar, expulsar, pero no me podrán callar nunca y la verdad, más pronto que tarde, saldrá a la luz, y estas corruptelas con los empleos y los contratos municipales serán juzgadas y rechazadas por los ciudadanos, por los vigueses libres que quieren una ciudad de hombres y mujeres iguales, sin privilegios, sin miedos y sin servilismos.

Recurriré ante la comisión de garantías, y como vivimos en un estado de derecho usaré todos los instrumentos constitucionales para garantizar el derecho de todos a conocer las corruptelas y privilegios de las élites que nos gobiernan y que se tapan mutuamente sus miserias.

Investiguen esto 15

Con fecha 6 de noviembre recibí, mediante burofax, en mi domicilio un escrito firmado por Isabel Juncal Pereira y Juan José García Costas, en el que me dan 5 días para proponer las pruebas en un expediente disciplinario que, supuestamente, me fue incoado por la comisión ejecutiva de Vigo en fecha de 28 de octubre.

Con independencia de que he recurrido el acuerdo de inicio de expediente y nombramiento de instructor y secretario, procedo a responder a vuestra petición, reservándome todas las acciones internas y ante la justicia ordinaria a que tenga derecho, para defenderme de esta cacería política que han montado contra mí y de la que vosotros sois simples testaferros. Para probar mi inocencia, solicito:

  • Se tome declaración a doña Leticia Gallego Sanromán, afiliada a la agrupación de Vigo, hija de don José Manuel Gallego Lomba, para saber si es cierto que está trabajando contratada en el Ayuntamiento de Vigo y si es cierto que ese contrato no se realizó mediante una oferta pública de empleo y el consiguiente concurso oposición. Es evidente que lo que estoy afirmando es correcto.
  • Se tome declaración a doña María Josefina Silva Rego, conocida como “Fina”, hermana de la teniente de alcalde doña María del Carmen Silva Rego, conocida como “Carmela”, miembro de la mesa del congreso de los diputados y diputada por Pontevedra amparada en las siglas de nuestro partido. Deseo saber en qué fecha antes de mayo de 2011 fue contratada directa o indirectamente por FCC. Deseo certificación de acuerdos de junta de gobierno con las sucesivas revisiones del precio que paga el Concello de Vigo por los servicios previstos y no previstos en la concesión que presta para la limpieza viaria y recogida de RSU al Concello de Vigo dicha empresa. En esos acuerdos de la Comisión de Gobierno que se compruebe si ha participado la Señora Silva Rego mientras su hermana figuraba contratada por la empresa concesionaria, aunque estuviera en situación de incapacidad laboral transitoria (baja).
  • Se tome declaración a doña Ana Costas Fernández, esposa del concejal don David Regades. Deseo saber si es cierto que fue contratada del Concello de Vigo entre 2007 y 2011 y ese contrato no fue el resultado de un concurso-oposición. Deseo saber también si con posterioridad a 2011, cuando su marido tomó efectivamente posesión del acta de concejal por nuestro partido, ha desarrollado trabajos para la empresa gestora de los eventos del Auditorio Mar de Vigo, ruinosa modificación de contrato hecha por el señor Abel Caballero. Deseo saber si el señor Regades ha participado en alguna votación, adoptado algún tipo de acuerdo en relación con la concesionaria del Auditorio mientras su mujer trabajaba directa o indirectamente para la contrata o una subcontrata. Es evidente que se ha producido una clarísima mezcla de intereses públicos y privados que dejan en muy mal lugar a la transparencia y la ética del Partido Socialista.
  • Se tome declaración a don Hugo Walden Lerutti, para conocer su vinculación laboral con el Concello de Vigo o alguna de sus contratas y prestar sus servicios laborales en la Casa del Concello.
  • Solicito que se cite y se tome declaración a Erika Jaraiz Gulías, afiliada a este partido, hija de doña Pilar Gulías, segunda esposa de don Carlos López Font, concejal del Ayuntamiento de Vigo. Deseo saber si desempeña desde 2007 el puesto de Gerente de la Mancomunidad de Vigo por decisión de don Abel Caballero Álvarez, compañero y amigo del que fue esposo de su madre, con el voto en contra de los otros miembros de la Mancomunidad de Vigo, por decreto. Deseo saber si como consecuencia, entre otras cosas, de ese nombramiento se produjo una crisis institucional que ha llevado a la Mancomunidad de Vigo a la parálisis. Deseo saber si las retribuciones brutas anuales de esta señora están en la cifra de los 60.000€.
  • Solicito que se cite a declarar a don Francisco J. Pardo Espiñeira, cuñado de doña Carmela Silva Rego y se pida certificación de su contratación como personal eventual desde el 2007 hasta ahora como personal de confianza de la alcaldía.
  • Solicito que se cite a declarar a doña Sonia María y doña María Francisca Falque Barral, cuñadas de doña Carmela Silva Rego y se pida certificación de que fueron contratadas en el año 2008 con cargo a los programas de empleo financiados por la Xunta de Galicia en colaboración con el Ayuntamiento de Vigo, es decir, financiación Xunta contratación Concello.
  • Se cite a doña María Elena Calviño Vázquez, hija de don Julio Calviño que en 2008 era concejal de tráfico y que fue contratada siendo su padre concejal sin concurso-oposición con cargo al mismo programa de promoción de empleo financiado por la Xunta de Galicia.
  • Se cite a doña Ana Belén Louro Páis, sobrina del que fue delegado del gobierno en Galicia don Antón Louro y que fue contratada también en el año 2008 con cargo al mismo programa.
  • Que se cite a don Francisco José Álvarez García, sobrino de don Manuel Rey Álvarez, hombre de confianza y adjunto al secretario de organización don Ángel Rivas. El señor Álvarez García fue contratado a partir del 2007 en el Ayuntamiento de Vigo.
  • Se cite a doña María de los Ángeles Conde Salgado, contratada en 2008 siendo miembro de la comisión ejecutiva local de la que formaba parte el señor Abel Caballero Álvarez.
  • Se cite a don Igor Bahillo Elespp, hijo de don Alejandro Jesús Bahillo, exdiputado en el Congreso por la provincia de Pontevedra y afiliado al PSOE. El hijo del señor Bahillo tuvo una especial suerte, fue contratado por el Puerto de Vigo siendo don Abel Caballero Álvarez presidente de la Autoridad Portuaria, en los órganos de selección estaba presente don Carlos López Font y no se realizó oposición. Posteriormente ganó las oposiciones de ayudante de oficios con nombramiento publicado en el DOGA de 1 de junio de 2012. Es notorio que en el puerto había sido contratado con categoría de técnico y aquí se presentó al nivel más bajo de la escala laboral ayudante de oficios, pero afortunadamente el mismo día de su incorporación al puesto de trabajo, fue destinado en comisión de servicios a la gerencia de urbanismo en vez de ir al servicio de Vías y Obras. Es público y notorio que su padre, Jesús Bahillo, además de militante del PSOE, es un tertuliano fiero y fiel apoyo de las políticas “caballeristas” e incluso, como director del club financiero, se destacó como un importante portavoz del señor Caballero, y su rotundidad en el apoyo coincide en las fechas con la contratación de su hijo.
  • Se cite doña Evelina Ramos Hernández, para comprobar que fue contratada en la Autoridad Portuaria de Vigo antes de 2007 cuando era presidente del puerto don Abel Caballero Álvarez, en programa financiado por Consellería de Traballo de gobierno bipartito.
  • Se cite a doña Julia López Vázquez, representante y directiva en Galicia de la empresa SAMYL para confirmar si le fue adjudicada la obra para realizar el parque pirata en Castrelos, coincidiendo en el tiempo con su presencia como portavoz de la ejecutiva local del PSOE presidida por don Abel Caballero Álvarez.
  • Se cite a doña Patricia Rodríguez Calviño, contratada en el Concello de Vigo y miembro de la ejecutiva local del partido presidida por don Abel Caballero Álvarez.
  • Se cite a don Francisco Javier Valverde, afiliado al Partido Socialista y conocido como uno de los más serios apoyos electorales internos en la agrupación de Vigo del señor Abel Caballero Álvarez, para comprobar que el 1 de agosto de 2011 firma, sin concurso previo, un contrato de arrendamiento de la cafetería restaurante y terraza del Pazo de Congresos Mar de Vigo, concesión municipal, contrato que se hizo sin concurso público.
  • Se cite a don Pedro Borrajo, exdelegado provincial de la Consellería de Traballo en Vigo y destacado militante de la agrupación socialista de A Guarda, exdiputado autonómico, para que confirme que su familiar Magali Rodríguez González fue contratada en el Puerto de Vigo sin oposición siendo don Abel Caballero Álvarez presidente de la Autoridad Portuaria, coincidiendo con programas de empleo en el puerto financiados por la Consellería de la que él mismo era delegado.
  • Que se cite a don Ángel Rivas, para que aclare si la denuncia formulada por los sindicatos del Puerto es cierta referente a la contratación de su hija Alba María, cuando él era miembro designado por la Xunta de Galicia, presidida ésta por don Emilio Pérez Touriño, de la Autoridad Portuaria de Vigo de la que era presidente don Abel Caballero Álvarez. Es también necesario citar a don Santos Héctor, concejal de empleo, secretario general del comité provincial del PSdG-PSOE de Pontevedra para indagar cual es la relación familiar, si es que la hubiere, con Belén P. Freire, contratada  en el mismo departamento de empleo en la planta cuarta de la casa consistorial, que con tanta eficacia dirige el antiguo secretario general de la UGT comarcal de Vigo. Así mismo, se pregunte a don Santos Héctor si se ha realizado concurso público para seleccionar como asesor externo, para los pleitos en materia laboral a don Daniel del Valle Corrochano, afiliado desde 2008 a la agrupación socialista de Vigo, coincidiendo en el inicio de su prestación de servicios a nuestro Concello. Según informaciones de los servicios económicos municipales, este querido compañero ha  facturado por sus servicios más de 300.000 en este período de tiempo, y sería bueno saber cuántos pleitos ha ganado para el Concello, este militante que acompaña a Abel Caballero en algunas listas internas de nuestra agrupación.
  • Podría seguir enumerando más casos en los que se demuestra algo que dicen los jóvenes de nuestra ciudad castigados por el paro: conseguir empleo no depende de tus méritos, más bien de a quién conoces. Desgraciadamente los empleos pagados con recursos públicos en la Autoridad Portuaria y después en el Concello de Vigo, han recaído sospechosamente en personas del ámbito de relación política de don Abel Caballero, incluyendo algún exconcejal de pueblos próximos a nuestra ciudad que no cito pero que, si ustedes quieren, puedo sacar la lista completa. Por prudencia no he mencionado los familiares directos o indirectos de la instructora y el secretario que me quieren enjuiciar, pero también están entre la lista de agraciados con el premio de un trabajom o bien en su momento en el Puerto de Vigo, o bien en el Concello o bien en una contrata municipal. Hay algún caso de una persona, al menos, que primero estuvo en el puerto, después en el Concello y por último en una contrata que trabaja para el Ayuntamiento de Vigo. Eso una vez, dos veces, tres veces, como la lotería, puede ser, pero cuando la suerte se repite y se acercan al centenar, es que hay un plan predeterminado para buscar empleo a personas próximas que, a lo mejor no es ilegal, pero en una ciudad de más de 30.000 parados es inmoral que lo haga el PSOE, máxime cuando acabamos de aprobar en la conferencia política un código de conducta que sanciona al enchufismo, y máxime cuando nuestro partido en Ourense ha conseguido sentar en el banquillo al presidente de la diputación por prácticas clientelares.
  • Se cite a don Ángel Rivas, concejal liberado del Ayuntamiento de Vigo desde Julio de 2012 para preguntarle si hasta junio de 2011 simultaneó su cargo de concejal y miembro de la comisión de gobierno con la de director de la empresa Hormigones Valle Miñor. Si es cierto, como denunciaron los periódicos Atlántico, Voz de Galicia y Faro de Vigo, con fotos que les puedo mostrar cuándo me las soliciten, que su empresa suministraba el hormigón a la inmensa mayoría de las empresas a las que él, como miembro de la comisión de gobierno, adjudicaba las obras de reformados de calles y aceras contempladas en el Plan E. No es éticamente admisible que alguien adjudique por la mañana una obra a Construcciones Eiriña, por ejemplo, o a Movexvial o a tantas y tantas, y después les suministre material para esa misma obra. El código ético que acabamos de aprobar no tolera estos comportamientos, y por algo será que cuando la prensa descubrió el pastel el señor Rivas tuvo que dejar de simultanear su función de administración contratante (Concello) y la de suministrador del hormigón. Por lo tanto durante años con el señor Caballero al frente no se quiso ver ni saber lo que la gente en la calle decía, que un concejal nuestro era el suministrador de hormigón de la ciudad, y por decir la verdad no se puede sancionar a nadie.

Tengo a disposición de todos ustedes más datos, con nombres y apellidos, y he sido tan leal que primero lo denuncié en las asambleas del partido y ustedes se rieron de mí. Después, cuando tuve conocimiento de una trama oscura de afiliaciones que me fue denunciada por un antiguo simpatizante llamado coloquialmente “Julio el Uruguayo”, puse a esa persona y lo que yo sabía hasta entonces en conocimiento del secretario de organización de Galicia, incluso de la utilización de cuentas para pagar las cuotas en Caixanova con números correlativos y en las que el señor uruguayo insistía que él no depositaba un céntimo. Di cuenta de irregularidades parecidas a la comisión de garantías. No entiendo cómo me quieren sancionar por decir simplemente la verdad que es la primera obligación, ya no de un militante socialista, sino de las personas decentes. Quedo a su disposición para todo lo que deseen, y créanme, en vez de matar al mensajero lo que hay que hacer es acabar con prácticas oscuras como recomienda el código ético que acabamos de aprobar en la conferencia política del partido. Me reservo seguir documentando más casos a lo largo del expediente.

Acoso y derribo 2

Después de más 2 años sin haber podido demostrar ni cerrar el primer expediente disciplinario que me abrió la agrupación municipal viguesa del PSOE, vulnerando todos mis derechos como ciudadano y afilitado militante del PSOE y para el cual he presentado recientemente mis alegaciones, he recibido estos últimos días a través de un burofax el acuerdo de inicio de un nuevo expediente sancionador contra mi persona, acuerdo adoptado por la comisión ejecutiva municipal sin que conste en ningún acta ni se sepan los participantes en el mismo.

Además de volver a caer en los mismos errores que cometieron con el primer expediente y añadir algunos nuevos, con este nuevo expediente suben un escalón el nivel y cometen una contradicción mayúscula: el nuevo expediente contradice el código ético recientemente aprobado por la mismísima conferencia nacional del PSOE que se celebró este mismo fin de semana en Madrid. Pueden consultar aquí el documento por el que presento recurso de reposición sobre este acuerdo.

Por otro lado, esta vez se me acusa de haber denunciado públicamente irregularidades en los contratos y contratas del Concello de Vigo. A distinción de otros, en las próximas 72 horas propondré pruebas irrefutables que me darán la razón.

Quiero aprovechar además para mandar un cordial saludo a la agrupación municipal viguesa del PSOE, por el nuevo expediente veo que son grandes y asiduos seguidores de esta web, aunque no les guste.

Desigualdad y persecución 4

Aquí les dejo un extracto de las alegaciones que voy a presentar a la farsa de expediente disciplinario abierto contra mí por la agrupación municipal de Vigo del PSOE desde tiempos inmemoriales, basado en mentiras y falsas alegaciones con la única intención de silenciarme. En este extracto podrán comprobar las “imprecisiones” en los hechos de los que se me acusa así como el doble rasero existente en la agrupación y PSOE. El documento completo con mis alegaciones pueden consultarlo aquí.

En primer lugar se me atribuyen, como si fueran manifestaciones mías, lo que son valoraciones que realmente quien hace es el periodista, Sr. A. Méndez, en la página 2 de Faro de Vigo. Yo asumo, evidentemente, en su totalidad las palabras entre comillas, pero exclusivamente estas, y no los juicios de opinión que son libres y solo imputables a quien los hace.

En segundo lugar las declaraciones que se me atribuyen el 27 de abril de 2013, son falsas. Ese día ningún medio de comunicación trae ninguna declaración o artículo mío. A decir verdad y para desenmascarar las falacias de este expediente, este texto es una reproducción parcial y censurada de un artículo publicado en páginas de opinión de Faro de Vigo en mayo 2011, antes de las elecciones municipales, reprochando que el debate de los candidatos a alcalde estaba es-camoteando el debate sobre el área metropolitana y ese iba a ser un debate central posterior, y una vez más dije la verdad. Insisto Faro de Vigo 2011, mayo, y la aprobación de la ley se produce el 12 de abril 2012 no solo falsean sino que no saben buscar en hemerotecas.

Y por último asumo que dije la verdad al decir el 8 de septiembre, en Faro y Atlántico Diario que el Sr. Caballero mentía. Efectivamente, en la página tres del periódico Faro de Vigo, 7 de septiembre de 2011, el susodicho decía: “Caballero achaca a una operación nefasta de Príncipe el pago millonario a Miraflores”. Al día siguiente para defender mi gestión como alcalde socialista tuve que recuperar una Sentencia del Tribunal Superior de Galicia que dejaba claro que el citado convenio de Miraflores había sido suscrito por el concejal de PSG-EG don Jesús Costas Abreu, como recogieron el día 8 todos los medios de la ciudad, demostrando que el Sr. Caballero había alterado la verdad atribuyéndome una autoría falsa.

Y ya para terminar, hablando de injurias y calumnias, el día 24 de abril 2012 en el mismo Faro de Vigo, en la página 3, contra mi usan la pagina 2 cuando el Sr. Caballero habla en el segundo titular de Agamenón y su porquero y cuando ese querido compañero Sr. Font “reta al señor Rueda a presentar al señor Príncipe de candidato en Vigo” lo estaba haciendo para defender mis 30 años de militancia. Es evidente que no, y además es evidente que mentía conscientemente porque yo no he sido, ni seré, candidato del PP.

La desigualdad de trato conmigo es tan flagrante como resulta de que cuando, por ejemplo, el Sr. Bono presentó en el Club Siglo XXI al Sr. Zaplana, histórico dirigente del PP, no se le abrió expediente disciplinario.

Por último, visto que el Sr. Caballero y sus partidarios han declarado en el pleno municipal de Vigo, con la complicidad del PP, persona non grata a Joaquín Almunia Haddad, que fué nuestro Secretario General y candidato a la Presidencia del Gobierno, ello implica que pueda ser para mí es un honor ser perseguido y difamado por los mismos que vilipendian e insultan a mi compañero Joaquín Almunia.

Sigue la farsa para silenciarme 7

El sábado 26 de octubre de 2013 he recibido el burofax firmado por la señora Isabel Juncal Pereira y don Juan José García Costas referente al expediente disciplinario que me fue instruido con fecha de 29 de julio de 2011 por la comisión ejecutiva de la agrupación municipal del PSOE de Vigo. El burofax completo pueden consultarlo aquí.

Han pasado dos años y tres meses desde el inicio del expediente y el último escrito que yo formulé ante la agrupación municipal de Vigo del Partido Socialista Obrero Español es del 5 de septiembre de 2012. Estamos hablando de trece meses en que no se ha movido ni un papel del expediente y veintisiete meses sin saber de qué se me acusa. Todos estos plazos exceden lo previsto en los artículos 54, 55 y 56 del actual reglamento de los afiliados y afiliadas. Estamos, por tanto, ante una gravísima irregularidad en la que se me abre una causa general sin límite temporal violando todos mis derechos y las normas generales y estatutarias del partido.

Desde el 25 de abril de 2012 estoy suspendido cautelarmente de militancia. Interpuse un recurso ante la comisión de garantías y nunca, en estos 18 meses, se me ha contestado. Sigo pagando mis cuotas pero estoy privado de mi derecho a participar en las asambleas de mi partido, el PSOE, con lo cual sirvo para pagar pero no para opinar, en grave contradicción con los derechos constitucionales a la participación activa en la vida política.

Por último, y es absolutamente antijurídico como se podrá comprobar leyendo el pliego de cargos, no hay ni un solo hecho, de los cuales algunos son falsos y lo demostraré, de los que se me acuse anterior al famoso 29 de julio de 2011 en el que la comisión ejecutiva me abre expediente disciplinario. Tal y como figura en el escrito firmado el 23 de octubre de 2013 por la señora Juncal Pereira y el señor García Costas, los hechos de los que se me acusa son: 24 de abril de 2012 en Faro de Vigo, 27 de abril de 2013 no se dice donde ni en que medio y me temo que es falsa, 29 de abril de 2012 en la Voz de Galicia, 18 de noviembre de 2011 en Radio Galega, 23 de noviembre de 2011 e Atlántico Diario y 8 de septiembre de 2011 en Atlántico Diario y Faro de Vigo. Como verán, se me abrió un expediente sin ninguna prueba contra mí y por lo tanto, en la medida en que son incapaces de presentar en el pliego de cargos ningún hecho que motive la apertura del mismo, es nulo de pleno derecho.

El problema no es esta chapuza legal, el problema es que los que cometen esta chapuza legal son los mismos que gobiernan la ciudad más poblada de Galicia, y si cometen estas chapuzas legales con un afiliado, sin ningún respeto por las normas y las formas de un estado de derecho, imagínense qué estarán haciendo en la gestión de los asuntos público.

La libertad de expresión y el PSOE vigués 1

Hace ahora tres años, por estas mismas fechas, los mismos con las mismas manos manchadas en todo tipo de abusos y tropelías, me abrieron expediente disciplinario para silenciarme. El expediente nunca lo desarrollaron, todavía está sin teminar y yo llevo 18 meses en un Guantánamo estatutario, con el único objetivo de que no pueda hablar en los órganos de mi partido,el PSOE, al cual llevo afiliado más de 32 años.

Pero no pudieron callar mi voz. Ahora mi compañero, amigo y dirigente, miembro del comité nacional y provincial del PSOE, Gonzalo Caballero acaba de recibir su ración de represión por denunciar que doña Carmela Silva infringe los estatutos del partido en Galicia por tener dos cargos públicos por los que cobra 100.000 euros al año, hecho cierto y comprobable, no hay más que acudir a la hemeroteca. ¿Por qué esta brutal reacción?, simple y llanamente, porque hay más mierda debajo, nepotismo, enchufismo, maluso de las instituciones y fondos públicos del que se puedan imaginar.

El problema no es que haya hombres libres que denuncien los abusos. El problema son quienes cometen abusos, quienes los toleran y quienes los silencian y ocultan a la opinión publica. Mañana, pasado mañana, el otro día y después del otro también, seguiremos luchando para defender la libertad y restituir la verdad y la dignidad a Vigo y los vigueses. Buenas noches y buena suerte.

Los palmeros del poder

Miren las fotos y lean el magnífico artículo de Carlos Punzón. Se demuestra identificando siempre a las mismas personas, que las supuestas masas de admiradores del señor alcalde son siempre los mismos. Todos ellos militantes del PSOE y todos ellos con hijos, familiares o favores que deben al sátrapa y su banda. Un ejemplo, la señora Isabel, esa señora que aparece con el círculo número 1, pelo rubio casi blanco, es la presidenta que dirigió mis dos expedientes disciplinarios. Pregúntenle dónde trabaja su yerno y desde cuándo y comprenderán su ardor en la refriega.

Estos palmeros son culpables, pero más culpables son los amigos del alcalde y el  propio alcalde, que manejan sus necesidades para comprarlos sin escrúpulos. Estamos ante la táctica mafiosa que cualquier sociedad normal debe rechazar. ¿Por qué el PP, el BNG callan?, ¿por qué los periódicos y radios callan?. Un tremendo telón de silencios comprados se extiende en Vigo desde los decanos a los digitales. Pero al igual que el telón de acero, este telón caerá y espero que nosotros lo veamos y lo hagamos, más pronto que tarde. Al menos, algunos no nos rendimos.

¿No se aburren de intentarlo? 6

Porque no lo conseguirán, no me van a callar. Recibí ayer, día 1 de agosto de 2014, un pliego de cargos correspondiente al segundo expediente que me abrió el señor Abel Caballero y su ejecutiva local del PSOE en Vigo en octubre de 2013.

El expediente se me abrió por denunciar que en el Concello de Vigo se estaban produciendo contrataciones irregulares. La fecha de apertura fue el 28 de octubre de 2013 y como pueden comprobar, vuelven a cometer otra tropelía jurídica al introducir ahora, en este nuevo pliego, hechos posteriores al expediente original. Parece que no les gustaron mis comentarios sobre Eiriña y CESPA, empresas que están siendo investigadas en su relación con el Concello de Vigo y otras instituciones, por el juzgado número 8 de nuestra ciudad. Es más, en el curso de la investigación, la policía irrumpió en los despachos de los concejales Regardes y Rivas. Si querían hacer historia, la hicieron, aunque para vergüenza propia y de todos los vigueses. Es la primera vez que la policía irrumpía en el Concello de Vigo y se llevaba documentación, incluidos ordenador y teléfonos móviles. Desde luego, si investigan no será por mi culpa, sino porque algo no está claro en los servicios que esas empresas prestan al gobierno de Abel Caballero y a la ciudad de Vigo.

En relación a la contratación de personal, denuncié en noviembre de 2013, 22 casos con nombres y apellidos de familiares directos de dirigentes socialistas que han trabajado para el puerto, para el Concello, para ambos o para contratas municipales. A día de hoy, después de casi un año de mi denuncia, no han sido capaces de desmentir ni un solo caso, ni uno.

¿Por qué reactivan ahora este expediente de hace 1 año?, pues porque en Septiembre de 2014 se van a convocar elecciones primarias abiertas para escoger las personas que encabezarán las listas socialistas, en Vigo también, por mucho que a Abel Caballero le pese. Como a Abel Caballero no le gusta y no quiere que haya primarias en Vigo, el señor Caballero hace lo que haga falta para callar cualquier voz discordante con su régimen. Como desde el 28 de marzo de 2014 está acabada mi suspensión de militancia, decretada por un expediente anterior de julio de 2011 y que ellos mismos fueron incapaces de terminar, necesitan otra trampa para impedir que me pueda presentar. Por último, quieren hacer conmigo lo mismo que ya hicieron con Pasqual Maragall, que denunció las comisiones del pujolismo y fue condenado por las élites, pero como ha demostrado el tiempo, Maragall dijo la verdad y tuvo razón. Yo también digo la verdad, no me van a callar y la verdad se terminará sabiendo para vergüenza y escarnio de la sociedad viguesa, que no nos merecemos los apaños y enchufes de Abel Caballero y su clan.

Ya les anuncio que presentaré un recurso con pruebas en los 10 días hábiles que tengo de plazo para contestar al nuevo pliego de cargos. Como no, esa información será publicada en esta web para que todos ustedes tengan acceso a ella y puedan analizarla y hacerse su propia opinión.